Togas españolas tutelan la política catalana
13/01/2018

El Tribunal Supremo español denegó ayer a los presos electos Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez la posibilidad de acudir al Parlament de Catalunya para cumplir con sus funciones parlamentarias. El auto, además, deja en manos de la Mesa de la Cámara catalana decidir el modo en el que puedan ejercer su derecho a voto los tres prisioneros y, respecto a la petición de traslado a una prisión del Principat, el juez instructor deriva la decisión a Instituciones Penitenciarias.

Precedentes había para que les hubiera permitido acudir, pero los argumentos utilizados por Pablo Llarena para denegar la petición vuelven a subrayar la naturaleza política del proceso que se sigue contra el independentismo catalán. El auto justifica la negativa en la posibilidad de que haya un enfrentamiento ciudadano durante el traslado de los parlamentarios desde la cárcel al Parlament por el «extendido apoyo social a los investigados». Asimismo, reitera la prisión provisional por el hecho de que el liderazgo de los presos pudiera volver a manifestarse en «movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia». Con ello el juez vuelve a repetir los argumentos utilizados por todas las instancias del Estado para combatir el procés: un proyecto independentista es tolerable mientras sea débil y tenga una reducida capacidad de movilización; pero cuando el independentismo se convierte en una mayoría que además acredita una importante fuerza movilizadora, las cabezas visibles del movimiento deben ser reprimidas para evitar que puedan ejercer su liderazgo. El auto pone, una vez más, negro sobre blanco cuáles son los estrechos límites de la llamada democracia española. Y lo más grave de todo es la falsa mención a la violencia para reforzar un relato y unas acusaciones que carecen de base.

Con decisiones judiciales de esta índole, se pretende condicionar el mandato popular salido de las urnas y entorpecer los movimientos del independentismo. El Tribunal Supremo se ha erigido en tutor de la política catalana.

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