Los partidos políticos con representación en la Cámara de Gasteiz, PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos –todos excepto Vox–, han acordado los criterios que se aplicarán durante esta legislatura para la asignación a cada grupo parlamentario del número de asistentes que le corresponde y los tiempos de intervención de que dispondrá. Asimismo, han definido los límites que deberán cumplir en relación con el número máximo de iniciativas, interpelaciones y preguntas que cada grupo puede presentar en los pleno ordinarios. En conjunto, el acuerdo busca corregir el desequilibrio que supone que la única representante de Vox en el Parlamento cuente con los mismos recursos que si tuviera grupo parlamentario al ser la única diputada que estará adscrita al grupo mixto de la Cámara de Gasteiz.

No se trata tanto de un pacto para establecer un cordón sanitario frente a las iniciativas que pueda desarrollar Vox, como de corregir un evidente desequilibrio que, en caso contrario, permitiría una sobrerrepresentación a Vox que no corresponde de ninguna manera con su fuerza electoral. Una iniciativa lógica y necesaria que, sin embargo, provocó una furibunda reacción del partido de Abascal en las redes sociales. En cualquier caso, a partir de ahora corresponde a los grupos políticos actuar con inteligencia para dejar en evidencia no solo la escasa fuerza electoral de Vox, sino también el carácter totalmente testimonial de su presencia en la Cámara de Gasteiz, así como la naturaleza reaccionaria de sus planteamientos políticos.

Ya embarcados en cambios, no estaría de más que se pusieran también de acuerdo sobre otras modificaciones que son cada vez más urgentes para dar a la actividad parlamentaria un mayor brío. Las normas son necesarias para encauzar los debates, pero el formalismo burocrático ha alcanzado tal grado de perfección que está consiguiendo fosilizar toda la actividad parlamentaria. Si los debates no tiene interés, pierde la democracia.