Un capricho procesal hizo que ayer dos sentencias tuviesen a dos ertzainas como tristes protagonistas. Por la mañana se supo que la Audiencia de Gipuzkoa condena al agente que en 2013 golpeó en la cabeza a la entonces senadora de Amaiur Amalur Mendizabal. La aporreó sin que mediasen incidentes en esa calle, sin justificación alguna y con aparente premeditación. Por ello condena al policía a dos años de cárcel y de suspensión de empleo en la Brigada Móvil, a indemnizar a Mendizabal con 3.600 euros y a las costas del juicio. Por la tarde el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbo desestimaba íntegramente la demanda de «Ugarteko» contra NAIZ, GARA, su director Iñaki Soto y su periodista Iñaki Iriondo, y contra la abogada de la familia de Iñigo Cabacas, Jone Goirizelaia. Queda probado que las informaciones de este medio sobre la muerte del joven por un pelotazo a corta distancia eran veraces y contrastadas. El trabajo de los periodistas fue riguroso y no se manipularon las pruebas. Se desestima la pretensión del ertzaina de cobrar 250.000 euros.

No se trata de casos aislados y resultan además muy significativos. La reacción de algunos de sus sindicatos y cargos ante el informe sobre la tortura es otro dato relevante. La Ertzaintza tiene entre algunos de sus agentes un serio problema de cultura democrática y, por lo tanto, de cultura policial entendida como el marco para el servicio público que debe garantizar la seguridad, derechos y libertades en una sociedad. Una policía no puede ser sectaria ideológicamente, como muestra la decisión de cargar ante una «herriko» o de aporrear a una senadora independentista de izquierdas. Y tampoco puede ser irresponsable.

El Gobierno de Lakua, el Parlamento de Gasteiz y la sociedad civil vasca deben reflexionar seriamente sobre un modelo policial nuevo, asociado a los retos del país a futuro y a esta fase histórica. La Ertzaintza requiere una reconversión. El caso Cabacas es su prueba de fuego.