La decisión del primer ministro francés, Manuel Valls, de acogerse a la prerrogativa gubernamental que permite aprobar una ley por decreto sin pasar por el trámite parlamentario para imponer la reforma laboral ha agitado un ambiente ya de por sí caldeado por el rechazo que genera el proyecto del Gobierno de Hollande. Tanto es así que el Ejecutivo se someterá hoy a una moción de censura presentada por los partidos de la oposición de centro y derecha –Los Republicanos y Unión de Demócratas e Independientes (UDI)–. Una vía que incluso algunos sectores críticos del propio PS se planteaban desarrollar, aunque la iniciativa finalmente no salió adelante.

La previsible falta de consenso parlamentario para aprobar la reforma ha sido el motivo por el que Valls ha decidido esquivar su consulta. No es la primera vez que el primer ministro hace uso del artículo 49.3 para sacar adelante una ley sin someterla a votación. Lo hizo el año pasado con la llamada «ley Macron», cuyo objetivo era liberalizar determinados sectores. En aquella ocasión también hubo moción de censura, pero no prosperó y el proyecto quedó aprobado. Una tramitación de marcado carácter absolutista que la propia ministra de Trabajo, Myriam El Kromri, aseguró que no utilizarían en el caso de la reforma laboral. Pero Valls ha utilizado a su favor una vez más las reglas del juego parlamentario para imponer su doctrina. Si la jugada sale mal y la moción sale adelante, el primer ministro deberá dimitir, aunque se muestra confiado en su buena suerte.

El Gobierno de François Hollande deja en evidencia con este tipo de actuaciones su deriva autoritaria. La de un Estado que, paradójicamente, se dice cuna de la libertad y que pasa por encima del más básico principio democrático. Todo para imponer desde una posición privilegiada un nuevo recorte de los derechos de los trabajadores; un sector de la sociedad que queda desamparado ante una clase política que no respeta la voluntad popular.