Frente a la actitud de Madrid, negadora de cualquier proyecto que no cuente con su beneplácito y en torno a la cual se está conformando un bloque con el objetivo de impedir la materialización de determinadas aspiraciones políticas democráticamente sostenidas, la ley de Empoderamiento de la Ciudadanía presentada ayer por EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz tiene el propósito de dar cobertura legal a las decisiones de la ciudadanía. Decisiones que Madrid percibe como amenaza, cuando en buena lógica democrática deberían ser saludadas por tratarse de mandatos populares directos y que, por ello mismo, poseen la máxima legitimidad.

El registro de la proposición de ley de consultas coincidió con la reunión de la Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya para continuar la tramitación de la resolución soberanista consensuada por las fuerzas independentistas de ese Parlament, a pesar de los intentos unionistas de retrasar la declaración en favor de la república catalana. Esos partidos demuestran así que, ante el «bloque del no», ante las amenazas, la mayoría parlamentaria catalana está dispuesta a seguir adelante con la labor que la ciudadanía de ese país le ha encomendado. El proceso catalán se encuentra en un estadio decisivo, y ha llegado a él gracias al empuje popular, pero también a que las fuerzas políticas independentistas han sabido adaptarse y ponerse al servicio de las aspiraciones populares.

El proceso vasco, ciertamente, no es el catalán, pero ello no quiere decir que deba renunciar a instrumentos de confrontación democrática que sirvan para dar cauce a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Nadie partidario de que estos decidan sobre las cuestiones importantes que les afectan debería recelar del supuesto impulso electoral que algunos atribuyeron a la presentación de la ley de consultas; por el contrario, debería tratar de buscar el acuerdo en torno a la misma aportando sus propuestas y poniendo la amplia mayoría de la Cámara de Gasteiz favorable al derecho a decidir al servicio del mismo.