Todo el mundo, desde el Gobierno español y las asociaciones de víctimas hasta las fuerzas vascas, daban por hecho que la perversión del derecho para aumentar el castigo a los presos vascos no tendría el respaldo de Estrasburgo. Otra cosa son las esperanzas y los temores privados de unos y otros. Otra cosa es la prudencia de las personas directamente afectadas por esta jurisprudencia excepcional, los presos políticos vascos. Pero casi nadie contemplaba que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalase esta nueva vuelta de tuerca de una política «antiterrorista» extemporánea que tiene como principio moral la venganza. 

Por eso mismo, el shock ha sido mucho mayor, para todo el mundo. Ateniéndose al procedimiento y a la letra de la ley, el tribunal da un varapalo a quienes creen que la cárcel no es la solución a los problemas políticos y que ese espacio de castigo no puede quedar fuera del radar de los derechos humanos. Aun pendiente de un posible recurso, Estrasburgo da carta blanca a una suerte de cadena perpetua arbitraria, sin más condicionantes que la voluntad política del Estado español, aplicada con un claro sesgo que se aplica a miembros de una determinada comunidad, dentro de un conflicto político que España sigue sin querer afrontar con otros medios que no sea la fuerza. Si otras veces el cálculo geopolítico evaluó que el Estado español necesitaba un correctivo, en esta ocasión los jueces puestos por los estados han dado por amortizado el caso vasco. 

Habrá quien plantee ahora su enmienda a la «vía jurídica» adoptada por EPPK como uno de los carriles centrales de su estrategia para la liberación de todos los presos políticos. A tres días de la mayor manifestación en Donostia en años, con el tema de los presos y la resolución en la agenda del país gracias a la acumulación de fuerzas, no parece que el arribismo sea una alternativa viable a esta estrategia. Se pueden perder batallas, pero no cabe rendirse, ni en las calles, ni en las cárceles ni en los juzgados.