La costumbre hace acabar dando por normal que en el caso de muerte de una persona por una actuación policial un gobierno se ponga del lado de sus empleados y asuma su defensa, sin ofrecer fórmulas para velar igualmente por los derechos de las víctimas como, en este caso, Iñigo Cabacas y su familia. Pero a la Fiscalía cabe exigirle mayor ecuanimidad. En el Estado español, según su Constitución, «tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley». A la vista de sus actuaciones, va a resultar difícil convencer a la ciudadanía de que en la causa por la muerte de Cabacas la fiscal ha actuado con la debida diligencia, cuando hasta quien fue el anterior Fiscal Superior del TSJPV, Juan Calparsoro, tuvo que pedir «muchas veces» que fueran «más proactivos e impulsen la investigación». Sin contar con que la acusación particular ha criticado públicamente que ni pidiera pruebas, ni muchas veces acudiera a los interrogatorios de acusados o testigos y que cuando aparecía permaneciera casi siempre muda.

Por motivos difíciles de entender, la Fiscalía ha adoptado en este caso el papel de la defensa de los imputados, hasta el punto de reducir lo ocurrido la noche del 5 de abril de 2012 a un breve relato naíf en el que no se sabe por qué, ni cómo, ni por orden de quién, agentes de la Ertzaintza dispararon pelotas de goma hiriendo mortalmente a Iñigo Cabacas. Ni una sola mención a la justificación de la carga, ni a su proporcionalidad, ni a si se ajustó a la práctica profesional policial, ni a la situación generada en el callejón. La fiscal se limita a decir que no hay delito alguno y, por tanto, ningún autor.

El breve texto de la Fiscalía, tan raquítico como su esfuerzo por esclarecer la muerte de un ciudadano, engrandece el trabajo de la acusación particular de la familia Cabacas Liceranzu, que ha conseguido en solitario y contra todos llegar hasta la apertura de juicio.