Una maniobra política, un negocio económico

La sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria ha hecho correr ríos de tinta en la última semana, prevaleciendo entre los agentes vascos, sobre todo los ligados a la gestión institucional, la valoración de que el fallo constituye un nuevo ejemplo de la recentralización emprendida por el Estado y es, en consecuencia, un «ataque al autogobierno». No se trata de una acusación sin fundamento, pues en un plazo de 72 horas ese tribunal echó por tierra otras dos normas legales que afectan a la autonomía económica de las instituciones vascas: la ley navarra que autorizaba la apertura de un nuevo proceso de funcionarización y la ley que grava la producción de energía eléctrica, aprobada también por el Parlamento de Iruñea.


La crítica a esta maniobra política, sin embargo, ha relegado a un segundo plano otros análisis sobre las consecuencias de la resolución y sobre el propio carácter de las EPSV. A este respecto, la resolución, que cercena la principal ventaja competitiva de este producto, la posibilidad de liquidarlo antes de la jubilación con un periodo mínimo de diez años, debería ser un acicate para valorar si está cumpliendo con su cometido original, complementar las pensiones públicas –la necesidad, real o inducida, de esa complementación daría para otro debate– o si ha derivado en un mero meca- nismo fiscal para minorar la tributación de quienes lo contratan. La existencia de una amplia masa social que tiene contratada una EPSV indica que seguramente hay quien efectivamente busca en ella un suplemento para su jubilación y quienes se valen de su privilegiado régimen fiscal para reducir su aportación al erario.


Es un hecho que muchos ciudadanos y ciudadanas cuentan con una EPSV, cuyo patrimonio acumulado, 22.000 millones de euros, equivale al 34% del PIB de la CAV. En este sentido, al arrebatarle su principal aliciente, ese que le había permitido copar el mercado en detrimento de los planes de pensiones, el Constitucional abre la puerta a que otros actores compitan en un sector que cuenta con un enorme atractivo. Un factor que seguro que no le es ajeno a quienes redactaron el fallo.

Buscar