El balance de la siniestralidad laboral de las obras del TAV en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es terrorífico. Los siete casos de muertes sobre los que hoy informa GARA muestran varios elementos que deben ser tomados en cuenta. En todos ellos existen negligencias manifiestas en lo referente a salud laboral, en muchos casos escandalosas y que pueden constituir delito. En todos los casos resulta evidente que la celeridad por acabar las obras y el ahorro en costes prima sobre la seguridad. La mera descripción técnica de los accidentes resulta atroz. En la gran mayoría de casos los obreros fallecidos son foráneos y en varios de ellos hay indicios de irregularidades contractuales. Sin embargo, no hay constancia de que los responsables últimos de dichas obras, las administraciones encargadas, hayan realizado más pesquisa que levantar acta. El propio informe de Osalan no es a iniciativa de la Administración sino que responde a una pregunta parlamentaria formulada por EH Bildu, y no consta en la web del Parlamento por que el Gobierno ha pedido que no se haga público. Todo lo cual indica una falta total de vigilancia sobre las condiciones laborales y de ejecución en estas obras públicas, así como una preocupante falta de transparencia a la hora de aclarar estos graves sucesos.

Se quieren acabar las obras del TAV «a cualquier precio». En ese precio no debería entrar la vida de estos trabajadores. Esta misma semana la Diputación de Gipuzkoa multaba a la UTE encargada de las obras de Deskarga con 1,6 millones por un caso similar. Solo así se puede frenar una práctica que es inaceptable.

También es hiriente la falta de humanidad por parte de los responsables políticos, más preocupados en ocultar esta cadena mortal de negligencias que en mostrar un mínimo de respeto y duelo por las víctimas de estos accidentes. Una nota, una comparecencia, algún tipo de mensaje que mezcle responsabilidad, preocupación y un poco de dolor no parece tan difícil de hacer. A falta de otras medidas, es lo mínimo que cabe exigir.