El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano donde a veces quedan expuestas las trampas que los estados utilizan para burlar los tratados sobre derechos humanos que ellos mismos han firmado. Se certifican las artimañas que utilizan las instituciones para, justo en nombre del Estado de Derecho, cercenar libertades, reprimir movimientos y machacar a las personas.

Lograr que un caso llegue a ser aceptado en Estrasburgo, ni qué decir que se condene a un estado, es algo tan costoso y excepcional que cada condena supone una gran victoria moral y política para quienes creen en la justicia. Una condena delata a los opresores, desnuda a los falsos moralistas y alivia a las víctimas de las violaciones de derechos humanos más graves: las perpetradas por los estados y cometidas desde el poder.

Por eso, es muy importante que el TEDH haya condenado a España por haber denegado a Xabier Atristrain tener un abogado de confianza cuando fue incomunicado por la Guardia Civil bajo la tutela de la Audiencia Nacional. Con esos protocolos se torturó impunemente a miles de vascos y vascas, logrando autoinculpaciones y condenas desorbitadas que aun hoy perduran.

En el caso de Atristain, de 2010, se dan varios agravantes: poco antes de este arresto, se había puesto a disposición judicial voluntariamente; la Audiencia Nacional le dejó en libertad, para que la Guardia Civil lo detuviera más tarde, solo que esta vez incomunicado. Como consecuencia de las torturas que sufrió en ese periodo, Atristain declaró en un estado tal que el abogado de oficio se negó a firmar la declaración policial en la que se autoinculpaba. Aun así el juez no vio indicios de malos tratos, pese a que el detenido los denunció y no corroboró su declaración. Da igual, Atristain fue condenado basándose en aquel primer testimonio. En la sentencia los jueces tuvieron la desfachatez de afirmar que la autoinculpación había sido hecha con plena libertad.

Ni demasiadas espectativas, ni todo vale

En todo caso, hay que ser conscientes de que rara vez se hace justicia en Estrasburgo, ni siquiera cuando se dan sentencias justas. Para empezar, porque las personas que han sido ilegalmente detenidas suelen haber cumplido gran parte de sus condenas, si no íntegras, para cuando llega la sentencia. Como en el caso Bateragune.  

De igual modo, aunque en una sentencia el TEDH admita que una persona ha sido torturada, algo muy difícil, ese camino básicamente termina ahí. Por ejemplo, el TEDH consideró que Igor Portu y Mattin Sarasola fueron víctimas de un «tratamiento inhumano y degradante» durante su detención y condenó al Estado español a indemnizarlos. Tres jueces consideraron que había que calificar los hechos como «tortura». Pero no se detiene a los culpables, el Estado no asume su responsabilidad, no se cambia la ley que posibilitó esa barbaridad. Siendo esa sentencia lo más lejos que puede llegar Estrasburgo, queda muy lejos de hacer justicia.

A pesar de todo, es frustrante que el TEDH no admita a tramite la denuncia de los jóvenes de Altsasu. Las injusticias en ese proceso son tan flagrantes, es tal la desproporción, el abuso, la saña, el coste humano para las familias, es tan evidente que el castigo se disparó por ser jóvenes y vascos… que la mayoría del país querría que esos magistrados estudiasen el caso y dijesen cómo pudo ocurrir en medio de Europa un despropósito así en nombre de la ley. Que no suceda no alterará el convencimiento popular sobre quién hizo qué. Además, cuando se ha actuado en conciencia y por causas nobles, no conviene poner todas las esperanzas de justicia en otros, porque ni el bien hecho ni el mal sufrido dependen de su juicio. No hay evaluación más severa que la propia ni perspectiva más rigurosa que el tiempo.

Precisamente, cuando todo el mundo conoce y reconoce las graves violaciones de derechos humanos que han cometido las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskal Herria, esta semana era muy poco oportuno que el Gobierno de Lakua defendiese que esos cuerpos armados «han sido la punta de lanza de la lucha por preservar el régimen de derechos fundamentales así como las instituciones». Lo dice un Gobierno que permitió durante décadas que unas bestias se llevasen a sus jóvenes, los torturasen durante días y los encarcelasen sine die. Con su colaboración, hasta hoy. Es triste que sus representantes defiendan más a los torturadores que a los torturados, o que metan en el mismo saco a Martin Villa y a Txillardegi. No es justo, no es honesto.