Zaldibar es el síntoma de un problema mayor
19/02/2020

La comparecencia del lehendakari Iñigo Urkullu y cuatro de sus consejeros dejó las cosas más o menos donde estaban; los partidos de la oposición no se dan por satisfechos con las explicaciones, y el Gobierno sigue defendiendo que ello se debe a intereses electorales espurios. En cualquier caso, el contraste entre la soberbia que mostró Urkullu el 10 de febrero y el tono sereno de ayer son un buen indicativo de cómo ha ido recalculando su posición. Algo que no hizo Iñaki Arriola, consejero del PSE que, como responsable directo de Medio Ambiente, haría bien en mostrar un poco más de humildad. Solo desde una desconexión absoluta con el sentir de la ciudadanía puede afirmarse que su actuación no ha tenido «ninguna tacha».

Más allá de las explicaciones, que dejan muchas preguntas sin respuesta, la comparecencia dejó entrever la mentalidad con la que gobiernan PNV y PSE. Se vio, por un lado, el paternalismo con el que tratan a la ciudadanía, a la que no parecen ver formada por sujetos adultos con capacidad de informarse y decidir, sino como a menores a los que se puede ocultar información en nombre de su protección. Solo así se entiende que digan haber actuado con transparencia cuando llevamos desde el viernes sin conocer el contenido del informe sobre dioxinas y furanos.

El segundo elemento es el modelo de gestión pública irresponsable, neoliberal y depredador que crisis como la de Zaldibar dejan al desnudo de forma descarnada. Lo peor de la exculpación que el lehendakari y los consejeros buscan echando la culpa a la empresa no es que suene a excusa coyuntural, sino que responde a su modo de entender la gestión pública; a un sistema que, como ilustra la información que hoy publica GARA, defiende eliminar regulaciones y control público en nombre de la «eficiencia empresarial», pero que se lava las manos cuando esa liberalización desemboca en tragedias humanas y ecológicas como la de Eitzaga. La empresa tendrá que rendir cuentas por sus acciones, faltaría más, pero los responsables políticos tendrán que hacerlo por haber dimitido de su deber de control.

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