El Ayuntamiento de Bilbo empezará a multar a los vehículos que circulen por la Zona de Bajas Emisiones sin la acreditación pertinente. Se trata de una medida que se está aplicando en toda Europa, siguiendo una directiva de Bruselas. Son 200 euros por cada infracción, 100 euros por pronto pago. Durante el periodo de prueba se han detectado 1.600 incursiones punibles al día.

El objetivo es evidente y urgente: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes de la crisis climática y, de paso, mejorar la calidad del aire que se respira en los núcleos urbanos. La contaminación está directamente ligada a un mayor riesgo de muerte prematura y de enfermedades; ponerle coto es actuar de forma directa sobre las condiciones de vida de la población actual. Al mismo tiempo, reducir inmediatamente estas emisiones es la única forma de ofrecer condiciones de vida mínimas a la población futura.

El modo en el que se persigue este objetivo, sin embargo, genera dudas. En primer lugar, limitarse a castigar a los vehículos más antiguos y contaminantes tiene un revés muy perverso, y es el de pensar que basta con comprar un coche nuevo para que cada quien cumpla con su parte de lucha climática. Es una lógica que bebe de una tesis insostenible: la de la mera sustitución de carburantes fósiles por energías más limpias y renovables. A estas alturas hay suficiente evidencia científica para afirmar que esto no va a ser posible. Si de crear zonas de bajas emisiones se trata, la peatonalización en combinación con un buen y reforzado diseño del transporte público son alternativas que habría que priorizar. En segundo lugar, quien no cambia de coche es a menudo porque no puede. Castigar a los coches más antiguos introduce una división insostenible en función de la renta. Es injusto, porque castiga a quienes menos tienen cuando está más que demostrado que los ricos contaminan mucho más que los pobres; y es contraproducente, pues da a entender que quien se lo pueda permitir podrá mantener sus privilegios, cuando no debería ser así. Reducir las emisiones es urgente, pero hay que atinar en el diseño y la aplicación de las políticas.