El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo español, Carlos Dívar, ha convocado el pleno extraordinario del CGPJ para el sábado después de que un total de cinco vocales le hayan exigido que deje el cargo debido a los escándalos provocados por sus 32 viajes a Marbella y a otros puntos del Estado español y que se pagaron con dinero público.

El encuentro tiene dos puntos en el orden del día. El primero, la solicitud de dimisión formulada por cuatro de los vocales (Félix V. Azón, Carles Cruz Moratones, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles), que instan a Dívar a dejar su puesto al haber perdido la confianza del pleno.

Los magistrados, que hicieron pública su nota ayer después de que el Supremo no admitiese a trámite la querella contra Dívar, consideran que los hechos que se imputan a su presidente «son incompatibles con los principios de transparencia y austeridad exigibles a todo responsable público».

José Manuel Gómez Benítez, el vocal que inició las denuncias contra Dívar por sus estancias en Marbella, da un paso más y aboga por el cese. Esto obligará a los magistrados a pronunciarse. La normativa dice que 3/5 del pleno (en total, 12 de sus 20 miembros) pueden forzar la marcha del presidente. Aunque está por ver cuántos apoyos mantiene el jefe de la judicatura española.

Donde ya ha perdido buena parte de su protección es en el ámbito político. Esta mañana, durante la Junta de Portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso, el PP ha reculado y ha terminado aceptando tramitar la solicitud de comparecencia «cuanto antes». Apenas 24 horas antes, la misma formación se había mostrado partidaria de atrasar su paso por la Cámara hasta «por lo menos» el mes de septiembre.

Dívar había intentado posponer el pleno extraordinario hasta el próximo jueves, 21 de junio, para poder presidir la conmemoración del bicentenario del Tribunal Supremo, que tendrá lugar el lunes en Madrid.