No estaba en su programa electoral. Tampoco en los presupuestos presentados diez días antes. Quizás por ello lo anunció mediante una nota prensa, sin comparecencia de ningún miembro del Gobierno español y en un día festivo en seis comunidades autonómicas. Hablamos del recorte adicional de 10.000 millones de euros en sanidad y educación que el Ejecutivo del PP presentó, con la boca pequeña, el pasado 9 de abril.

Rajoy todavía confiaba en capear la crisis sin rescate alguno, para lo que semanalmente debía ofrecer algún sacrificio a los mercados, que justamente esa semana acogieron las cuentas con un descenso del 4,4% en el Ibex 35 y una prima de riesgo que se enfilaba a los 400 puntos, algo que ahora parece poca cosa. Así pues, Rajoy decidió dejar en los altares de los mercados 7.000 millones de euros de recorte en sanidad y otros 3.000 en educación.

Fiel a los eufemismos, el Gobierno presentó el nuevo hachazo como una «mayor racionalización, eliminación de duplicidades y mejora de la eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha».

Pese a que los efectos más graves están por llegar, las medidas han comenzado ya a notarse, por ejemplo en Nafarroa, donde el seguidismo del Gobierno de UPN ha puesto en pie de guerra al sector de la sanidad y, sobre todo al de la educación, donde más se están notando los recortes presupuestarios.

La no renovación de los interinos, el aumento de horas lectivas para los profesores y el aumento de las ratios de alumnos por clase son solo algunas de las medidas que más afectan, tanto a los trabajadores como a la calidad de la educación. La educación superior tampoco se libra, ya que el año que viene las matrículas universitarias podrán ascender hasta un 66%, mientras que, por primera vez, se establecerá una tasa en los grados superiores de Formación Profesional.

En la sanidad, además de la no renovación de los interinos ni sustitución de los trabajadores jubilados, la principal novedad ha venido con el repago sanitario impuesto por el ministerio del ramo, un «copago farmacéutico» con el que el Gobierno pretende poner fin «al abuso de consumo de algunos medicamentos». Mención aparte merecen las medidas encaminadas a limitar la universalidad de la asistencia sanitaria, camuflada por el Gobierno como medidas «para frenar el turismo sanitario» y que podrían dejar sin ayuda médica a las personas sin los papeles en regla.