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MADRID

El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Costas, que abre la puerta a privatizar el litoral

El Congreso español ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Costas de 1988, que contempla la reducción del espacio protegido de los 100 a los 20 metros, incluye la concesión de 35 años para los puertos deportivos y que otorga un «indulto» a miles de industrias y viviendas ilegales, que contarán con una nueva concesión de 75 años. Toda la oposición excepto CiU, que se ha abstenido, ha votado en contra. Los grupos ecologistas denuncian que la reforma abre la puerta a privatizar el litoral.

El Congreso español ha aprobado la reforma de la Ley de Costas de 1998 con la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP, que defiende que la polémica ley es una «protección» para el litoral.

La reforma se ha aprobado con los votos del PP, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre el cambio climático.

La actual ley, vigente desde 1988, delimitaba la zona de servidumbre hasta los 100 metros de la costa, prohibiendo la construcción en esta franja y otorgando a las edificaciones anteriores a 1988 un plazo de 30 años para ser demolidas. Con la reforma se reduce la zona de protección de 100 metros a 20 metros, al tiempo que se plantea una ampliación del plazo de demolición de edificios ilegales hasta en 75 años. De esta manera, 1.200 industrias y negocios y 25.000 viviendas se salvan de la demolición.

Entre las novedades también se incluye una nuev concesión de 35 años para los puertos deportivos y el hecho de que el Estado asuma la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situacas en el litoral, que antes correspondía a las comunidades autonómicas.

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido que la reforma garantiza la conservación del litoral «y no lo privatiza». Según ha sostenido, establece instrumentos «para evitar las barbaridades urbanísticas».

Oposición de las organizaciones ecologistas y protesta de Greenpeace

Frente a ello, organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Oceana han mostrado su rechazo a la reforma al entender que supone un retroceso en la protección medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un proceso claro de privatización de las costas.

A su entender, la nueva norma implica el «indulto» de miles de viviendas y chiringuitos y no es una solución para algunas de las graves amenazas que sufre la costa, vinculadas con la construcción de urbanizaciones, complejos hoteleros e industrias.

Coincidiendo con la votación de la ley, ocho activistas de Greenpeace se ha encaramado al tejado del Congreso y han desplegado una pancarta con el lema : ‘El PP vende nuestra costa’. Tras ser detenidos, han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional española, quien les ha dejado en libertad tras imponerles comparecencias mensuales.

Rechazo de las Juntas Generales de Gipuzkoa

Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer una enmienda transaccionada entre PSE, PNV y Bildu en la que instaban al Gobierno español a que retirara el proyecto de reforma. El PP votó en contra.