Tras reunirse durante algo más de una hora, Soria ha explicado a los medios de comunicación que la CAV, Galicia, Asturias, la patronal de los astilleros y el Ministerio español de Industria han firmado una declaración institucional por la que piden a las autoridades de la Unión Europea (UE) que reconsideren su postura respecto de las bonificaciones fiscales (‘tax-lease’) al sector naval.

El Colegio de Comisarios de la Comisión Europea (CE) decidirá el próximo 17 de julio si el sector naval del Estado tiene que devolver los incentivos fiscales para financiar la construcción naval recibidos entre 2006 y 2011, que ascienden a unos 2.000 millones de euros.

«Hemos firmado una declaración conjunta donde pedimos al vicepresidente responsable de Competencia que reconsidere ese anuncio», ha dicho Soria, en referencia a su apuesta por la devolución de las ayudas.

Para reforzar esa posición, las cinco instituciones pedirán a Almunia una reunión conjunta que debería celebrarse antes del 4 de julio y otra, para antes del 15 de julio, al presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso.

Soria ha insistido en defender «la no devolución de las ayudas» que el sector había recibido, «una pretensión que no era ni es gratuita, sino que tiene sólidos fundamentos jurídicos».

Así, el ministro ha aludido a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica con la que actuaron astilleros, armadores e inversores, convencidos de que las bonificaciones fiscales eran legales.

Además considera que la devolución de las ayudas tendría un efecto «irreversible e irreparable» sobre la industria de construcción naval, lo que iría «justo en la dirección opuesta» de los objetivos de reindustrialización europeos.

Inseguridad jurídica

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que «los astilleros han tenido que vivir en la inseguridad jurídica» durante dos años, desde la apertura del expediente, lo que supondría una «inacción» por parte de la Comisión Europea (CE).

Ha coincidido en que hay «razones jurídicas bien fundamentadas» para rechazar la devolución de las ayudas y, por ello, ha pedido «la reconsideración absoluta de este planteamiento», que, a su juicio, «afectará a la carga de trabajo de los astilleros», aunque no sean estos sino los financiadores quienes tengan que devolver las ayudas.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado la «incoherencia» europea de defender el empleo mientras se pone en riesgo un sector que «afecta a 87.000 familias».

Ha subrayado que «el dinero que está pidiendo no es el dinero de Europa», sino una bonificación fiscal establecida en el ordenamiento del Estado español, lo que podría trasladar un «mensaje de inseguridad jurídica» a los armadores.

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha abogado por resolver la cuestión antes del 17 de julio, ya que un posible recurso posterior ante la justicia europea no impediría «la paralización de muchos de nuestros astilleros».

El presidente de Pymar, Álvaro Platero, ha celebrado el apoyo de las instituciones y ha pedido «igualdad de trato» porque, a su juicio, este conflicto es en realidad una «guerra comercial» con Países Bajos, cuyo Gobierno denunció al Estado español al considerar que el ‘tax-lease’ eran ayudas estatales.

Respuesta de Almunia

Según ha informado la Xunta de Galicia, Almunia ha citado a los tres presidentes autonómicos y a Soria para este miércoles en Bruselas.