A convocatoria del Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, pero sin la presencia del alcalde Javier Maroto, que ha afirmado que el protagonismo correspondía a la ciudadanía, cientos de personas han vuelto a tomar las calles de la capital alavesa para exigir por enésima vez el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña.

Para «evitar cualquier posibilidad de que se reabra» han exigido al Gobierno español que proceda a su desmantelamiento «inmediato» y han instado a las Juntas Generales de Araba y al Parlamento de Gasteiz que «pongan en marcha cuanto antes lo que ambas instituciones aprobaron: una Comisión Interinstitucional que inicie y haga seguimiento del proceso de desmantelamiento». Han solicitado que en esa comisión estén además de las instituciones implicadas los agentes sociales y sindicales que han trabajado en defensa del medioambiente.

La cabecera la han formado los representantes del Consejo de Medio Ambiente, del Consejo Social y de ACOVI; y tras ellos han marchado los grupos de la oposición municipal del PNV, PSE y EH Bildu además de los de las Juntas Generales. Los máximos representantes institucionales del PP en el herrialde, el alcalde Javier Maroto y el Diputado General Javier de Andrés, no han participado a la marcha, aunque sus respectivos grupos si apoyaron la convocatoria.

Entre los que sí han acudido estaban el diputado del PSOE Ramón Jauregui y la secretaria de la ejecutiva nacional del PNV, Pilar García de Salazar.

Araba sin Garoña: «La sociedad ha hecho su trabajo, pero no su representación política»

El colectivo que ha batallado el cierre de Garoña durante los últimos años, Araba sin Garoña, no ha participado en la marcha. Desde el colectivo afirmaron que veían con buenos ojos que «ninguna fuerza política se atreva a defender la continuidad de esta vetusta, innecesaria y peligrosa central» pero también advirtió de que la manifestación «no puede en ningún caso ocultar la responsabilidad de quienes mantienen la amenaza de su reapertura», en alusión al Gobierno español.

Desde el colectivo añadieron que la sociedad alavesa «ha hecho su trabajo» al mostrar en reiteradas ocasiones su rechazo a la central, «pero no así su representación política e institucional, que tiene en sus manos instrumentos políticos, jurídicos y fiscales que no han puesto en marcha».