En un auto de 183 folios, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz considera que existen indicios suficientes para acusar al que fuera número dos del PNV en Araba y diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, principal acusado en este caso y que en 2010 fue arrestado junto con otras ocho personas, entre ellas varios altos cargos jeltzales.

También han sido procesados otros antiguos dirigentes del PNV de Araba, como Aitor Telleria, Luis Felipe Ochandiano y excargos institucionales como el viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, el exgerente del Parque de Miñao Alfonso Arriola o el antiguo presidente de la Red de Parques Tecnológicos de la CAV Julián Sánchez Alegría.

En su auto, Ramos encausa a 26 de las 28 personas inicialmente imputadas en este proceso, la mayoría de ellas vinculadas o pertenecientes a la formación jeltzale en la época de los hechos investigados. El juez decreta el sobreseimiento provisional y archivo para Pablo Larrabide y para Asier Arzalluz.

El responsable del Juzgado de Instrucción número 4 estima que «los hechos investigados en esta causa son presuntamente constitutivos de varios delitos». Ramos aprecia indicios sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación, de omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público y/o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

En el auto se indica que «ha quedado indiciariamente acreditado a los efectos de esta resolución y en grado de probabilidad la existencia de una trama organizada en torno a Alfredo de Miguel Aguirre, quien contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, alguno de los cuales tenía u ostentaba responsabilidades políticas y/o administrativas, lideró un entramado societario» con diversos objetivos supuestamente delictivos.

Entre dichos objetivos, se encontraría el de «obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el Partido Nacionalista Vasco (PNV)».

Asimismo, la supuesta trama trataría de «solicitar y/u obtener, en algún caso, el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos», así como «solicitar y/u obtener el pago de cantidades dinerarias en base a negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad».

El juez señala que «las actividades de tal entramado u organización se llevaron a cabo actuando de común acuerdo, en conjunto o en colaboración con otros imputados, caracterizándose por la extensa relación de personas, tanto con cargos o responsabilidades públicas, como sin ellos, que participaron en la estrategia diseñada, así como por las diversas entidades públicas afectadas por las conductas investigadas».