PNV y EH Bildu han unido sus votos y han respaldado la conocida como Ley Municipal, aunque durante su tramitación ha cambiado su denominación para pasar a llamarse Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

Durante el debate final de esta norma, ambos grupos han destacado el amplio apoyo político e institucional que concita, ya que PNV y EH Bildu gobiernan en el 80% de los consistorios de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

Por su parte, el resto de grupos han acusado a ambos partidos de haberles excluido de su acuerdo y de haber posibilitado la aprobación de una «mala» ley que no responde a las verdaderas necesidades de los municipios.

Tanto Eudel como Udalbiltza han valorado positivamente la aprobación de la ley.

Según explica el texto normativo, la finalidad de esta ley es «reconocer y dotar al nivel local de gobierno de Euskadi de un conjunto de competencias que le aseguren el ejercicio de un poder político propio y hagan viable una prestación de servicios de calidad a la ciudadanía mediante un gobierno local abierto, transparente y participativo».

En materia de financiación, establece que se deberá garantizar, para el conjunto de los municipios, un nivel de recursos «de conformidad con las competencias y servicios de su titularidad previstos en el ordenamiento jurídico». Los municipios participarán, a través de sus representantes, en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) «cuando se trate de obligaciones, servicios y actividades de prestaciones derivadas de competencias de los municipios».

Para garantizar que los municipios tengan un nivel «adecuado y equilibrado» en los recursos, la ley establece su «participación» en el CVF en los trabajos de reforma de las leyes que definan la distribución de recursos y aportaciones de cada territorio histórico para la financiación de los presupuestos de la CAV.