«Tenemos la intención de realizar una de las manifestaciones más concurridas y plurales en Navarra para mostrar un absoluto rechazo a este despropósito y demostrar un compromiso por la libertad, la justicia, el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho», han destacado los allegados de los enjuiciados en una comparecencia en Iruñea.

Junto a ello, han recordado que tres de los acusados –Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno– llevan más de 400 días encarcelados en régimen FIES a 400 kilómetros de sus hogares, mientras que Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola y Ainara Urkijo se encuentran en libertad provisional con medidas cautelares. Todos ellos se enfrentan a peticiones fiscales que superan los 375 años de cárcel. En este sentido, han destacado que para cuando se celebre el juicio «Jokin, Adur y Oihan habrán cumplido un año y cinco meses de cárcel sin haber sido juzgados, una auténtica barbaridad inaceptable para cualquier persona con unos mínimos principios democráticos», han denunciado.

Frente a ello, han subrayado las numerosas muestras de solidaridad que han recibido durante este tiempo, citando las 80.000 adhesiones del manifiesto impulsado por Altsasu Gurasoak y que varios diputados del Parlamento Europeo solicitaron la intervención de la instituciones europeas para garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y que la Comisión Europea respondió que seguía de cerca el caso.

Asimismo, han recordado que la Audiencia Provincial de Nafarroa, en un auto del 23 de marzo de 2017, descartó que hubiera «indicios de terrorismo» en este caso y solicitó que la causa se juzgara en Iruñea. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional. «Cabe resaltar que, según fuentes del Ministerio de Interior, durante el año 2016 se contabilizaron 9.571 casos de atentados contra la autoridad, y este caso de Alsasua constituye la primera vez que se aplica la clasificación de terrorismo a hechos de este tipo», han destacado.

«En menos de tres meses estaremos ante un juicio sin un mínimo de garantías procesales. A lo largo de este proceso se han vulnerado derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho al juez natural e imparcial, el derecho a la defensa... Las únicas versiones consideradas por la juez instructora han sido las de las acusaciones. La elaboración de los informes acusatorios no ha recaído en un agente neutral, sino en la Guardia Cvil que es parte de esta causa. Se ha realizado un juicio paralelo en los medios de comunicación, tergiversando la realidad de todo un municipio. Estamos ante un uso retorcido, extensivo y abusivo de las leyes, que en su día ya fue criticado por relatores de Derechos Humanos de la ONU. Y por si fuera poco, a la defensa se le han denegado prácticamente la totalidad de las pruebas testificales, documentales y periciales», han recordado.

Por todo ello, han destacado que en este juicio no está en juego solo el futuro de los jóvenes de Altsasu, sino también «los principios básicos que han de regir una sociedad democrática y un Estado de Derecho».