Según detalla la CNMC, estos derivados eran utilizados como instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés asociado a créditos sindicados para la financiación de proyectos.
Las entidades se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar, dando la imagen de que cada una estaba consultando las condiciones de mercado.
La investigación parte de la denuncia de una empresa dedicada a la promoción, construcción y explotación de parques de infraestructuras eólicas, cuyo nombre no detalla la CNMC.
La mayor multa corresponde a CaixaBank, con 31,8 millones de euros, seguida por la de Santander (23,9 millones de euros), BBVA (19,8 millones de euros) y Sabadell (15,5 millones de euros).