Según un escrito del comité de la ONU, el comité de las Naciones Unidas ha aceptado a trámite la demanda de Carles Puigdmont contra la vulneración de sus derechos políticos.

Asimimo, el Comité de Derechos Humanos ha pedido a Rachel Lindon, abogada de Puigdemont, que indique «que tipo de remedios» desea exigir al Estado en caso de que concluya que se ha dado dicha vulneración de derechos.

La decisión de la ONU se suma al dictamen de la semana pasada sobre el excandidato a la investidura Jordi Sànchez, si bien entonces, además de admitir a trámite la demanda, dictaminó unas medidas cautelares y advirtió a al Estado español de que debía garantizar los derechos políticos del también expresidente de la ANC.

El escrito de la ONU indica que la demanda se ha tramitado y enviado a las autoridades españolas para que en un plazo de seis meses facilite toda la información al respecto. El president considera que el Estado ha violado parte de la ‘Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos’.

En virtud de estos tratados, Puigdemont reivindica su derecho a presentarse a las elecciones, su derecho a la libertad de asociación con otros políticos y partidos políticos en busca de un objetivo común de conseguir la independencia y su derecho a la libertad de expresión política pacífica de apoyo de la causa de la independencia de Catalunya.

Pero alega que «estos derechos han sido violados por la conducta acumulativa y continuada del Reino de España», ya que fue designado por la mayoría del Parlament de Catalunya para la reelección como presidente, pero las autoridades españolas lo han impedido.

También explica que, por todo esto, se ha visto obligado a escoger entre volver a Catalunya para ser «sometido a detención arbitraria, permanecer como president en el exilio o permitir que un candidato alternativo sea nombrado e investido como presidente».

El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un grupo de 18 expertos independientes encargados de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el folleto informativo de la propia ONU, si las quejas que recibe cumplen los requisitos para ser registradas, se incorporan a una lista de casos por tratar y se transmiten al Estado para que haga sus comentarios.