La ponencia ha dado el visto bueno, a falta de alguna aportación puntual de los grupos, al documento elaborado por la coordinadora de este foro, Jone Berriozabal (PNV), que recoge las coincidencias y diferencias de los propuestas que los distintos grupos han diseñado sobre las cuestiones que debería recoger el nuevo estatus.

Este documento se remitirá en los próximos días a la Sociedad de Estudios Vasco-Eusko Ikaskuntza con el fin de que los ciudadanos hagan aportaciones sobre el contenido de dicho informe. Este proceso de participación ciudadana coincidirá en el tiempo con los trabajos de la ponencia que a partir del 2 de mayo empezará a debatir sobre el texto que debería recogerse en el preámbulo del nuevo estatuto.

Así lo han explicado hoy, en sendas comparecencias de prensa, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, y el portavoz del PP en la Cámara, Borja Sémper, los únicos que han comparecido tras la reunión de ponencia.

Una vez que la ponencia concluya la elaboración de las bases del nuevo Estatuto, estas se remitirán a unos expertos, que serían los encargados de redactar un texto articulado. También se abriría en los próximos meses un proceso de participación a toda la ciudadanía a través de la plataforma ADI de la Cámara de Gasteiz.

Iriarte ha señalado que el objetivo de la coalición abertzale es que entre mayo y junio se redacten las bases de todo el articulado del futuro Estatuto para que esté listo antes del verano.

Sémper, por su parte, ha explicado que el PP ha sido el único grupo que se ha opuesto en la ponencia a que el documento de síntesis que recoge las coincidencias y disensos de los distintos partidos se envíe ya a Eusko Ikaskuntza para que la ciudadanía realice aportaciones.

En su opinión, el proceso participativo de los ciudadanos debería comenzar una vez que esté listo un documento concreto que recoja las bases del nuevo Estatuto. El portavoz del PP ha lamentado que este proceso participativo «va a costar a las arcas del Parlamento 67.940 euros».

También Sémper, aunque ha recordado que el PP no considera necesaria una reforma estatutaria, ha dicho que lo lógico sería que la ponencia comenzara ya a elaborar las bases de un texto articulado y no perder el tiempo con un proceso «que ya dura seis años».