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Donostia

La Audiencia de Gipuzkoa ratifica la prisión provisional para el fotógrafo Kote Cabezudo

La Audiencia de Gipuzkoa ha confirmado la prisión para Kote Cabezudo, el fotógrafo donostiarra investigado por presuntos abusos a modelos, estafa y delitos contra la libertad sexual.

Kote Cabezudo, el pasado 4 de mayo a la salida de los Juzgados de Donostia. (Juan Carlos RUIZ / FOKU)
Kote Cabezudo, el pasado 4 de mayo a la salida de los Juzgados de Donostia. (Juan Carlos RUIZ / FOKU)

De esta manera, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Cabezudo contra su ingreso en prisión provisional, que fue decretado el pasado 4 de mayo.

El magistrado ordenó su ingreso en la cárcel de Martutene atendiendo a la solicitud de la acusación particular, que ejercen ocho víctimas, y a la que también se adhirió la Fiscalía de Gipuzkoa, por «reiteración delictiva» y «daños a los bienes jurídicos de las víctimas» después de que, supuestamente, el investigado no hubiera retirado de internet distintas imágenes de las afectadas que seguirían circulando por la red.

La defensa de Cabezudo solicitaba a la Audiencia que decretara su libertad ya que, a su juicio, el auto de ingreso en prisión no recogía hechos nuevos sobre los ya expuestos en el caso que no habían motivado su internamiento en nueve ocasiones anteriores.

El recurso desestimado alegaba asimismo que Cabezudo ha comparecido a los llamamientos judiciales, descartaba el riesgo de fuga, negaba que la conducta del fotógrafo haya implicado una «intencionada desobediencia a la autoridad» y entendía que, «más allá de la presión social, no hay elemento alguno que justifique la medida».

El Ministerio Fiscal, en su escrito de oposición a este recurso, consideraba que existe un «evidente riesgo no ya solamente de reiteración delictiva sino de perjuicio de las víctimas».

La Sección Tercera ha confirmado la prisión en un auto firme contra el que no cabe recurso, en el que entiende que conforme al estado de las diligencias y a la propia declaración del denunciado se desprende «no ya la sospecha» sino la «existencia de indicios de la posible concurrencia» de «tipos penales».

La resolución judicial defiende también el mantenimiento de la prisión provisional en aras de «evitar la reiteración» y garantizar «la protección de integridad moral de las víctimas».