La Fiscalía ha hecho hoy públicas sus petiiciones en la segunda jornada del juicio contra Grazi Etxebehere, Jeff Mateo, Terexa Lekunberri, Xabier Goienetxea e Iñaki Reta.

Réquisitoire de la Procureure :
Pour Grazi Etchebehere : 18 mois de prison dont 12 avec sursis.
Pour Jeff Mateo et Terexa Lekunberri : 12 mois avec sursis.
Pour Iñaki Reta : 8 ans de prison dont 2/3 de sûreté
Pour Xabier Goienetxea : 9 ans de prison dont 2/3 de sûreté

— ETXEBERRI ANTTON (@ANTTONETXEBERRI) December 18, 2018

Así, ha solicitado 18 meses de cárcel para Etxeberehe, de los que tendría que cumplir solo seis; 12 meses para Jeff Mateo y Terexa Lekunberri, exentos de cumplimiento, y 8 y 9 años de prisión para Reta y Goienetxea, respectivamente, con dos tercios de obligado cumplimiento antes de poder solicitar la libertad condicional.

En su intervención, la fiscal ha asegurado que comprende «la voluntad de resaltar el contexto actual, inédito y esperanzador», pero apunta que este contexto «no permite borrar de un plumazo los hechos que se reprochan a los acusados».

Ha subrayado que la Justicia francesa sí tiene en cuenta ese contexto, y que por eso esta vista se celebra en un Tribunal Correccional y no en la Cour d’Assises, donde se juzgan los delitos más graves.

«Una cosa es segura, y no ha sido nunca negada: los tres de Ortzaize aceptaron alojar a los militantes de ETA con total conocimiento de causa. Etxebehere se presentó ante los micrófonos de la prensa y reivindicó los hechos por los que se le acusa. En ese momento no estaba en una actitud pacificadora», ha remarcado.

La fiscal ha recordado que «los tres tienen la misma defensa, dicen que participaban en un proceso de paz. ETA anunció el 21 de octubre el fin definitivo de la violencia. Hay que ser consciente de por qué tomó esa decisión», que a su juicio se debió al éxito de las operaciones policiales contra la organización armada. También ha insistido en que no hay ninguna diferencia entre los militantes de ETA antes o después del cese indefinido. «Permanecieron completamente operacionales».

«Estamos ante un acto de solidaridad»

La defensa de Mateo y Lekunberri se ha preguntado «¿qué infracción terrorista cometieron mis clientes? Hay que mirar la realidad, la violencia ha cesado. Sus actuaciones no son delictivas, son un acto de responsabilidad y de ciudadanía».

«El cobijo está arraigado en las tradiciones del País Vasco. Hay que recordar todas las redes de ‘mugalaris’ durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron consideradas ‘terroristas’ en aquel momento. Esta solidaridad sirve para preservar la dignidad humana», ha subrayado antes de recordar que hoy en día hay en Baiona un centro de acogida para migrantes.

Apelando a uno de los principios de la Revolución de 1789, ha declarado que «en Francia no existe el delito de fraternidad, que es lo que se está tratando en este caso. Estamos ante un acto de solidaridad. Mis clientes no son héroes, son ciudadanos normales integrados en una realidad cultural».  

Terexa Lekunberri ha tomado la palabra para insistir en que «el acto que llevamos a cabo fue reflexivo, compartido, voluntario, en armonía con la solidaridad que estamos tratando de lograr. Hemos testificado en nombre de todos los que se han comprometido anteriormente y de los que se comprometerán después. Hemos asumido nuestras responsabilidades».

«Nuestro acto fue una pequeña gota de agua. Es necesario dar respuestas a la cuestión de los presos alejados, enfermos, las largas penas, los refugiados... Es también necesario plantear hoy actos que permitan cuidar de las víctimas».

La vecina de Ortzaize ha finalizado su alocución emplazando al tribunal a «ocupar un puesto en el proceso de paz, pues juntos es como se llegará a dialogar, a encontrarnos».

«La acusación de asociación de malhechores está vacía»

El abogado de Grazi Etxebehere, que reside en París, ha puntualizado que «conocemos el País Vasco porque vamos allí de vacaciones, pero la realidad de este territorio nos resulta muy lejana. Si este asunto hubiera sido juzgado en el País Vasco no habrían hecho falta todas estas explicaciones».

Tras dar lectura a la declaración de Kanbo, en la que se daba la bienvenida al final de ETA, ha defendido que «en este caso la acusación de asociación de malhechores está vacía de toda su sustancia. No había amenaza armada en el País Vasco, había una amenaza ligada al inmovilismo de los estados francés y español».

Etxebehere lo ha resumido así, dirigiéndose al tribunal: «No hay más lucha armada. El desarme fue llevado a cabo. Hubo participación del Estado francés. Nosotros contribuimos a nuestra manera y estamos encantados con sus consecuencias. Espero que ustedes también lo estén».

Y ha continuado: «Contamos con ustedes para el camino que falta por recorrer, concerniente a los presos, para el acermientos, los enfermos, las larhas penas. ¿Se podrá hablar algún día de amnistía?».

«Para la Fiscalía nada ha cambiado»

La defensa de los presos Xabier Goienetxea e Iñaki Reta ha comenzado subrayando que «para el Ministerio Público nada ha cambiado», a pesar de los numerosos cambios que se han producido en Euskal Herria. Ha indicado que las detenciones de Ortzaize lo que hicieron fue acelerar el proceso para el desarme impulsado por la sociedad civil, pese al «rechazo incompresible de los gobiernos que obligó a ETA a actuar de manera unilateral».

En ese camino, Reta y Goienetxea «hacen suyos todos los pasos dados por la organización» hasta su disolución el pasado 3 de mayo. «Hay un antes y un después de octubre de 2011. No hay ningún riesgo de reiteración. ETA no existe, no hay ningún riesgo de alterar el orden público. Las peticiones de inscribir a mis dos clientes en el fichero Fijait y la petición de que se les prohíba residir en el territorio están completamente fuera de lugar».

La defensa se ha mostrado totalmente convencida de que ambos serán condenados, y ha pedido la fusión de penas para Goienetxea, que ya fue condenado por asociaicón de malhechores. Una cuestión con la que la Fiscalía se ha mostrado de acuerdo.

Goienetxea ha recordado que «ETA intentaba llevar a cabo un proceso de paz negociado, pero no fue posible, y ha habido un proceso unilateral». Ha criticado que los estados nieguen su responsabilidad en el conflicto y que no reconozcan como tales a todas las víctimas.

Iñaki Reta ha lamentado que «sea necesario repetir las cosas» porque «hay personas que no quieren que las cosas cambien», en referencia a la Fiscalía. Ha destacado que las acusaciones se centran en el periodo posterior a 2011, cuando ETA ya no practicaba la lucha armada y buscaba su desarme y disolución.

«Se decidió seguir un protocolo internacional. Pero ante la dificultad por la actitud inmovilista de los estados, se decidió cambiar de estrategia, dando más importancia a la sociedad civil. Es aquí donde se sitúa la colaboración de las tres personas de Ortzaize. Gracias a ellas fue posible el desarme en abril de 2017».

«Es increíble que, en lugar de agradecerles su implicación, se pida contra ellas penas de prisión. Nadie lo comprende en Euskal Herria», ha concluido Reta.