El informe recuerda que en la primera ley navarra que se ocupó de este asunto, el Tribunal Constitucional español anuló las facultades atribuidas a la Comisión de Reconocimiento y Reparación para investigar y esclarecer los hechos por entender que «interferían y suplantaban las funciones atribuidas al Poder Judicial al menoscabar el principio constitucional de reserva de jurisdicción».

Ahora los servicios jurídicos advierten de que el nuevo texto «presenta el mismo problema», la «posible interferencia de las potestades de investigación atribuidas a la Comisión de Reconocimiento y Reparación, con las funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, propias de los Juzgados y Tribunales».

Y avisan que, en la medida en que sea impugnado ante el Tribunal Constitucional español, éste «podría pronunciarse en un sentido análogo» al de la sentencia de julio de 2018 y «anular buena parte» del articulado.

El informe propone para evitar esta situación «delimitar las funciones» de la citada Comisión para la averiguación y fijación de los hechos «a los que no fueran constitutivos de ilícitos penales, o bien estuvieran prescritos por el tiempo transcurrido, de manera que su actuación no interfiera en la actividad propia del Poder Judicial».