Varios medios y agencias españolas han confirmado la pretensión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de acordar ya el traslado del cuerpo del dictador Francisco Franco, una vez concluido el procedimiento legal para la maniobra, que se ha dilatado durante seis meses, más tiempo del inicialmente previsto.
Un retraso que las fuentes atribuyen al «comportamiento obstruccionista» de los familiares del dictador, de la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y también la Abadía Benedictina de Santa Cruz del Valle.
Además de presentar recursos a todos los trámites y de recusar reiteradamente a la instructora del procedimiento, hasta en doce ocasiones, se han querellado contra ella y los funcionarios responsables de la operación, pero la querella ha sido rechazada junto con las denuncias ante los juzgados de primera instancia.
El Ejecutivo insistirá en la «imposibilidad legal» de que el cuerpo sea enterrado en la Catedral de la Almudena, como quería la familia, amparándose en un informe de la Delegación de Gobierno que apunta a «evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad».
Con ese informe en la mano, el Gobierno de Sánchez alega que enterrar a Franco en La Almudena conllevaría una «amenaza seria y significativa para los derechos y libertades para los ciudadanos, amenaza que "el Gobierno no puede asumir», como tampoco la «exaltación» que supondría mantener la tumba de Franco en un lugar accesible, abierto al público y con las características de la catedral.
Así, las fuentes alegan que el Gobierno ha dado «prioridad a la voluntad de la familia» para volver a inhumar el cadáver pero que, a menos que ésta señale un lugar compatible con la legalidad, el orden público y la seguridad ciudadana, la decisión corresponderá al Gobierno.
Según las fuentes consultadas, el nuevo plazo de 15 días obedece a la intención del Gobierno de mantener «las máximas garantías» en el procedimiento para los familiares.