Alba Rodríguez, de 30 años; María del Tránsito Orellana, de 32, y Cinthia Rodríguez, de 29, sufrieron abortos por complicaciones obstétricas. Cuando acudieron a buscar asistencia médica a los hospitales fueron detenidas y acusadas de homicidio agravado en El Salvador, uno de los países con la legislación más restrictiva del mundo sobre la interrupción del embarazo.

Al cruzar la puerta de la prisión, situada en el municipio de Ilopango, a unos doce kilómetros al este de la capital, las tres mujeres han sido recibidas con aplausos, abrazos y vítores de parte de sus familiares y activistas que llegaron a recibirlas y han agradecido el apoyo nacional e internacional recibido al tiempo que han recordado que aún quedan en prisión muchas mujeres inocentes.

La liberación se ha producido después de que las tres mujeres hayan permanecido entre nueve y once años entre rejas, tal y como ha recordado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

El Salvador, donde una veintena de mujeres cumplen penas de entre seis y 35 años en El Salvador por el delito de homicidio agravado vinculado al aborto, tiene desde 1997 una de las leyes más severas contra mujeres que se someten a un aborto y quienes las asisten, junto a otros países donde interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluyendo a Nicaragua, República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, Malta y Andorra.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso en 2016 impulsar una reforma para permitir la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando la vida de la madre esté en riesgo, pero el proyecto no ha prosperado en el Congreso.

Llamamiento a los congresistas

Coincidiendo con la liberación de estas tres mujeres, la activista Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, ha pedido a los congresistas que retomen la discusión de dos propuestas de reforma legal para despenalizar el aborto terapéutico, dado que «la mayoría de los salvadoreños está de acuerdo con que esa ley cambie».

La activista ha señalado que «debe saldarse esa deuda» de la despenalización del aborto, dado que las más afectadas son las mujeres de escasos recursos. Ha denunciado que sobre las mujeres que sufren emergencias obstétricas y dan a luz fuera de los hospitales pesa una «sospechosa de aborto» y eso basta para que «pierdan la presunción de inocencia» y sean condenadas por tribunales a los que llegan ya «estigmatizadas.

El ministro salvadoreño de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ha indicado durante un acto con las mujeres que la conmutación de la pena se ha basado en el dictamen favorable de la Corte Suprema de la Justicia y del Consejo Criminológico Nacional. «Son criterios de justicia, de moral y equidad», ha dicho, puesto que los jueces que las condenaron no valoraron «las situaciones particulares» de «total vulnerabilidad» y las juzgaron por el delito de «homicidio agravado» y les impusieron elevadas condenas.