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Acogida a migrantes

El centro se creó para acoger a migrantes hace aproximadamente un año, fruto de la colaboración entre ciudadanos e instituciones. Está financiado por la Mancomunidad Única, que ha decidido llevar al Estado a los tribunales para que ayude con los gastos de funcionamiento, alrededor de un millón de euros al año.

Idoia ERASO|GARA
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9.000 personas > En el año que lleva abierto, el centro ha recibido a alrededor de 9.000 personas. Si bien últimamente acoge a entre 70 y 80 migrantes al día, ha llegado a atender hasta a 250 personas.

Las donaciones particulares, la financiación de la Mancomunidad Única, las horas de voluntariado de los ciudadanos y el edificio cedido por el Ayuntamiento de Baiona son los elementos fundamentales para que Pausa pueda recibir a entre 70 y 80 personas al día, que en momentos han llegado a ser 250. Este último año ha recibido ya a 9.000 migrantes.

El centro se creó como una respuesta humanitaria a la creciente presencia de migrantes en la parada de autobús; se trataba de ofrecer un lugar de descanso a personas en pleno tránsito migratorio entre África y Europa. Aunque está establecido que la estancia debe ser de un máximo de tres días, la media se acerca a los cinco, tras los que el 95% de las personas acogidas continúa su camino hacia el norte, la mayoría hacia París. El centro también atiende a los migrantes que se declaran menores y que esperan a que finalice el proceso administrativo que establezca su minoría de edad, o los recursos que conlleva una respuesta negativa.

Las primeras acciones que condujeron a la creación de Pausa llegaron de mano de la ciudadanía, de aquellas personas que se acercaban con alimento, ropa y ayuda sanitaria de primera necesidad a la estación de autobuses a donde arribaba la mayoría de los migrantes. El acompañamiento se extendía a cuestiones de asesoría jurídica.

Junto a colectivos como Etorkinekin, poco a poco los ciudadanos se fueron organizando y se reuniéndose para reivindicar la implicación de las instituciones. El Ayuntamiento y la Mancomunidad respondieron y crearon un emplazamiento provisional, que con el tiempo se trasladó al lugar en el que actualmente se encuentra Pausa.

El centro de acogida está situado a orillas del río Aturri, en un edificio antiguo renovado y acondicionado por el Consistorio. La Mancomunidad Única y la asociación Diakite se encargan de su funcionamiento. Mientras la primera se ocupa de financiar los alimentos, el material y los salarios de los siete trabajadores, que están presentes día y noche durante toda semana, la segunda coordina el trabajo de los alrededor de 600 voluntarios, y se erige como la interlocución ante los trabajadores del centro y las instituciones.

Además del millón de euros aportados por las instituciones y el trabajo del voluntariado, gran parte de las necesidades materiales se cubren con las donaciones de la sociedad. Si la comida está a cargo de una empresa contratada por la Mancomunidad, la cena la cocinan los migrantes y los voluntarios con los productos que les llegan del Banco de Alimentos. Profesionales de la asociación institucional Atherbea se reúnen semanalmente con los integrantes de Diakite para coordinar el trabajo.

Ambos actores reconocen que tanto las instituciones como la participación de la sociedad son necesarios. El concejal de juventud, educación, cultura, deportes y solidaridad del Ayuntamiento de Baiona, David Tollis, considera que «la articulación entre los diferentes actores es indispensable. Las asociaciones y los que ahora son miembros de Diakite fueron los primeros en ir a ayudar en la Plaza de los Vascos, cuando llegaban los autobuses, y esos voluntarios han seguido participando, pero sin la ayuda institucional no habría podido hacerse Pausa». Joana Etxart, presidenta de Diakite, también subraya ese trabajo conjunto al explicar que «los voluntarios están todos los días allí, junto a los profesionales, todos trabajamos en equipo, y funciona bastante bien».

Financiación, cuestión clave

La financiación ha sido y es cuestión clave en estos momentos. La voluntad por parte de la sociedad vasca y las instituciones de acompañar a los migrantes está ahí, pero el costo que esto supone es una gran carga para la Mancomunidad. Por ahora la financiación está asegurada para otros cuatro meses más, después de que en agosto el pleno votara a favor de prolongar la financiación un semestre. A partir de ahí el futuro es incierto, aunque Tollis subraya que es difícil pensar que «después de todo lo que han hecho dejen de financiarlo de un día para otro».

Jean-Jacques Manterola, responsable de acción social y solidaridad de la Mancomunidad Única, explica las razones por las que las subvenciones son a corto plazo. «Los electos son prudentes, porque están viendo que el flujo de migrantes continúa, pero no saben que ocurrirá los próximos meses. La voluntad es la misma, pero no pueden comprometerse a largo plazo», señala.

Manterola subraya que la ayuda «nunca se ha puesto en cuestión», y que, aunque las elecciones municipales se celebrarán en marzo del 2020, no parece que vaya a haber un cambio de postura porque los 158 alcaldes de Ipar Euskal Herria votaron de forma unánime a favor de la financiación.

El pasado noviembre, cuando se abrió el centro, el presidente de la Mancomunidad de Ipar Euskal Herria y alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, organizó una reunión e invitó a todas las instituciones. El Departamento de los Pirineos-Atlánticos y la Región Nueva Aquitania dijeron que se ceñirían a sus respectivas responsabilidades, es decir, la acogida a los menores y la educación. «El Estado no vino; el prefecto a nivel local y a través del ministro del Interior dijeron que no estaban de acuerdo, porque podía atraer a más gente», explica Manterola.

Tras un año de andadura y varias peticiones infructuosas, a finales de setiembre la Mancomunidad decidió tomar la vía judicial para obligar al Estado a ayudar a cubrir parte de los gastos de funcionamiento del centro. Se trata de un recurso administrativo basado en el camino ya recorrido por el Ayuntamiento y las asociaciones humanitarias de Grande-Synthe, cerca de Calais, que consiguieron que el Estado instalase lavabos, sanitarios y duchas; gastos que aquí han corrido a cuenta del Ayuntamiento y han supuesto más de 150.000 euros.

A pesar de que el Estado se ha negado a participar, Tollis afirma que el hecho de que Pausa siga funcionando sin ningún tipo de problema responde al servicio que presta. «Es un verdadero servicio. La gente llegaría de todas formas, con lo que eso podría acarrear tanto para ellos, como para los demás. Sin decirlo, el Estado sabe que si Pausa no existiese la situación sería más difícil de gestionar», constata. En este sentido, Manterola a considera que «es un acuerdo tácito, según el cual los jóvenes cuando llegan pueden estar tranquilos, porque saben que la Policía no va a venir».

 

Diakite, ayudando en las calles y en el centro de acogida

La asociación Diakite fue creada por las personas que cuando vieron a los migrantes en las calles decidieron ayudarles. Desde entonces se han acercado más, que aportan su tiempo al centro de acogida.

La presidenta de la asociación, Joana Etxart, explica que a finales del año pasado y principios de este, en un momento de gran urgencia, se creó un gran movimiento de solidaridad y «ahora que se está alargando es más difícil, pero los migrantes todavía están ahí, y necesitan ayuda». Es por ello que cuando hay necesidades específicas suelen hacer llamamientos especiales. Pero, esos momentos no se pueden prever, ya que la afluencia en Baiona depende tanto de la situación en África como de la política de la Unión Europea. Depende también de la época del año; así, el pasado invierno acogieron a alrededor de 250 personas al día. Pero no se puede adelantar si es algo que se repetirá este año. «Lo único que sabemos es que cuando llega mucha gente a Andalucía, tres semanas más tarde estará aquí», manifiesta Etxart.I. E.

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