La masacre de cinco miembros de la comunidad nasa en el departamento colombiano del Cauca (suroeste) provocó este miércoles indignación en todo el país y los indígenas denunciaron ser víctimas de un genocidio que se está perpetrando ante la mirada impávida del Estado.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) asegura que desde que comenzó el Gobierno del presidente Iván Duque, el 7 de agosto del año pasado, han muerto al menos 125 miembros de pueblos nativos en ataques conta estas comunidades, principalmente en el Cauca, uno de los departamentos más convulsos del país.

Por eso, el consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias, pidió una visita extraordinaria a esa región de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la relatora especial sobre pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz.

La matanza de Tacueyó

La tarde del martes, grupos armados dispararon contra la comunidad del caserío de La Luz, que forma parte de Tacueyó, en el departamento del Cauca.

En el ataque murieron la autoridad neehwe'sx Cristina Bautista, así como los guardias indígenas Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto, mientras que seis personas más resultaron heridas.

«No hay palabras para poderlo llamar, para nosotros es mucho más que una masacre por cómo se presentó y por la forma en la que se dieron las cosas», relató en Tacueyó José Miller Correa, coordinador general de la Asociación de Cabildos Proyecto Nasa. La consejera de Derechos Humanos de la ONIC, Aída Quilcué, señaló que la masacre, «como las otras, fue premeditada».

El senador Alexander López, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), anunció mociones de censura contra los ministros de Defensa, Guillermo Botero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por «incompetentes y por ser cómplices, sujetos pasivos, a la hora de garantizarle la vida» a los indígenas.

El presidente Duque anunció que enviará en las próximas semanas 2.500 soldados a ese departamento, donde actúan la guerrilla del ELN, disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes que en los últimos han llevado a la zona a carteles mexicanos, según algunas autoridades.

La Guardia Indígena, organización encargada de preservar el orden en sus territorios, es constantemente hostigada por grupos armados ilegales y se ha convertido en el principal objetivo de los grupos dedicados al tráfico de drogas, especialmente de las disidencias a las que se acusa de perpetrar esta masacre.

La senadora Aída Avella, que lidera la UP, manifestó que lo que ocurre con los indígenas es »igual al genocidio de la Unión Patriótica», que se cobró la vida de más de 4.000 militantes, incluidos dos candidatos presidenciales , razón por la que propuso a la ONIC para «poner otra demanda (al Estado) por genocidio político contra los indígenas».

Colaboración vasca

El Gobierno de Lakua ha condenado «los asesinatos de cinco autoridades y guardias indígenas del norte del departamento del Cauca», y ha instado al Gobierno colombiano a que extienda una invitación a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas para que visite Colombia y verifique la situación.

Además, ha recordado que algunas de las víctimas de la matanza formaban parte de la la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), con la que colabora la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) colabora, a través de varias iniciativas de cooperación.

Una de las fallecidas en el ataque, Cristina Bautista, participó en 2017 en el Programa de Formación en Derechos Humanos para Pueblos Indígenas de América Latina realizado en colaboración por la Universidad de Deusto y financiado por la AVCD.