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La CIDH exige una investigación internacional imparcial sobre las masacres tras el golpe de Bolivia

Un investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las masacres de civiles, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un policía dispara gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes el pasado noviembre. (Ronaldo SCHEMIDT)
Un policía dispara gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes el pasado noviembre. (Ronaldo SCHEMIDT)

Un extenso informe difundido este miércoles por esta comisión de la OEA analiza especialmente las muertes de Sacaba y El Alto entre otras  violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.

El informe es resultado de una visita de observadores de la CIDH por invitación del Estado boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia.

La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre murieron 36 personas por la violencia en el país, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.

Otras entidades como la Defensoría del Pueblo de Bolivia cifran en al menos una veintena los fallecidos, diez en Sacaba el pasado 15 de noviembre y otros diez en El Alto el 19 de ese mes.

El estudio de la CIDH advierte de que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares «habrían abierto fuego contra la población civil».

La comisión recoge que la versión oficial niega que fueran las fuerzas del orden las que dispararan, mientras que las víctimas denuncian «represión con armas de fuego».

«Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas», detalle el informe.

Además, «los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial», añade.

La CIDH, que recibió también información de otras muertes, asegura que «no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables».

Por ello, la CIDH considera que «se trata de una situación típica en la que se plantea al Estado la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos».

Ataques racistas y persecución política

El informe alerta además de casos de «incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial«, indicando que «tanto los oficialistas como la oposición se han acusado recíprocamente de instigar a las masas al uso de la violencia», y cita en concreto ataques racistas a mujeres con pollera, una falda externa que forma parte de la vestimenta tradicional, y a la whipala, la bandera de comunidades indígenas.

La comisión también señala «el recurso simultáneo, desde el Estado, a la persecución penal de los opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de sedición, terrorismo». El Gobierno surgido tras el golpe en Bolivia ha denunciado ante la Fiscalía por ese tipo de delitos a Evo Morales y varios ministros del que fue su Ejecutivo.

Arrestos y detenciones arbitrarias, ataques a periodistas y bloqueos de carreteras que ocasionaron escasez de alimentos y de combustibles, afectando a servicios de salud y educación, son relatados también en el informe.

El Gobierno lo tacha de «vergonzoso»

Además de la necesidad de una investigación internacional, el informe recoge otras conculsiones como suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía y desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país.

La comisión rechaza además cualquier amnistía a quienes se considere responsables de estos hechos violentoss.

Aunque la CIDH asegura que el Gobierno de de facto de Bolivia se ha mostrado «plenamente de acuerdo» con una investigación internacional, el Ejecutivo ha reaccionado con dureza, calificando el informe de «segado».

«Es increíble cómo se maneja cierta gente, es vergonzoso, por decirlo de la manera más sutil, el trabajo de la CIDH no es un buen trabajo y lo vamos a revertir», ha afirmado el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.