Fuerte despliegue de la Ertzaintza para desmantelar la planta de Araluce en Igorre

Desde primera hora de la mañana se está procediendo en Igorre a sacar de la planta de Araluce la maquinaria y trabajos en curso, en medio de un fuerte dispositivo de la Ertzaintza y sin dejar acceder al interior al comité de empresa.

NAIZ|2019/12/26
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Ertzainas, vigilando este jueves el desmantelamiento de Araluce. (Monika DEL VALLE | FOKU)

Responsables de la empresa Batz han accedido en la mañana de este jueves, en medio de un fuerte despliegue de la Ertzaintza, a la empresa Araluce de Igorre para trasladar troqueles y otras piezas inacabadas a la planta principal de esta compañía.

Recientemente, un auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha autorizado la entrega a Batz de los troqueles y otras piezas que estaban siendo fabricadas en la planta de Araluce, que se encuentra en concurso de acreedores.

La entrada de operarios de Batz a la planta de Araluce ha sido presenciada en la calle por cerca de 80 trabajadores de esta compañía, que permanecen en huelga indefinida desde el pasado día 14 de noviembre, en una movilización que iniciaron para evitar que la empresa pudiera llevarse la carga de trabajo. El cierre afecta a 141 trabajadores.

En declaraciones a Efe, responsables de los trabajadores de Araluce han explicado que denunciarán a Batz ante la Inspección de Trabajo porque, durante toda la mañana, se ha impedido al comité de huelga el acceso a las instalaciones de Araluce.

Los trabajadores temen, además, que para poder efectuar el traslado de los troqueles y otras piezas que estaban siendo fabricadas en Araluce los operarios necesiten poner en marcha la maquinaria, una actuación que sería contraria al auto de la jueza, según han destacado.

Los mismos responsables de los empleados en huelga han lamentado que el traslado de los trabajos que mantenían pendientes en esta planta constituya un «cierre anticipado» de la empresa y se han preguntado qué van a poder negociar ahora durante un posible Expediente de Regulación de Empleo de Extinción.

ELA califica lo ocurrido como «un ataque sin precedentes hacia unos trabajadores y trabajadoras que están intentando mantener sus puestos de trabajo». Y carga contra «el movimiento cooperativo» porque «se considera a quienes no son socios cooperativistas como personal sin derecho alguno». Indica, de hecho, que el material está siendo sacado por trabajadores cooperativistas junto a los «liquidadores» y siempre con el respaldo de la Ertzaintza.

LAB denuncia también la actitud de la Policía autonómica por «ejecutar un cierre patronal ilegal» y recuerda a las 141 familias a las que «se les niega el futuro».

 

 

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