Se trata de un trámite procesal, una vez que el Tribunal Constitucional español ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad dando traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno de Nafarroa y al Parlamento de Nafarroa para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Mientras, el Ejecutivo de Chivite ya ha iniciado las conversaciones en busca de un acuerdo con el Estado que evite la vía judicial, y se han establecido ya cauces de diálogo tanto con el Ministerio español de Política Territorial y Función Pública como con el Ministerio de Justicia.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el vicepresidente primero, Javier Remírez, ha señalado que «el Gobierno de Navarra confía en que se pueda alcanzar un acuerdo satisfactorio para resolver por la vía del diálogo las discrepancias competenciales que se han establecido».

El Ejecutivo considera «un gesto de voluntad política y respeto al autogobierno» que Pedro Sánchez, que es quien tiene la prerrogativa, «no solicitara la suspensión de la norma facilitando la vía del entendimiento».