Un fiscal turco ordena detener al empresario Osman Kavala, horas después de ser absuelto

Un fiscal turco ha emitido una orden de detención contra el empresario Osma Kavala, al que ahora vincula al golpe fallido de 2016. La orden llega solo unas horas después de que un tribunal ordenara la liberación de Kavala y lo absolviera junto a otras ocho personas acusadas de «intento de derrocar al Gobierno» por las protestas masivas contra Erdogan en 2013.

NAIZ|2020/02/18
Turquia-juicio
Miembros de la Plataforma de Solidaridad de Taksim celebran el veredicto en el exterior del tribunal.(Ozan KOSE/AFP)

Un fiscal turco ha emitido este martes una orden de arresto contra el empresario, activista y filántropo turco Osman Kavala, al que vincula al intento de golpe de Estado de julio de 2016.

La nueva acusación llega solo unas horas después de que un tribunal ordenara su puesta en libertad al ser absuelto por las protestas de 2013 contra el Gobierno, y ha caído como un jarro de agua fría entre los allegados de Kavala que celebraban la sentencia y esperaban su salida en un restaurante cercano a la prisión donde se encuentra encarcelado.

Un tribunal turco ha absuelto previamente de todos los cargos a nueve personas acusadas de instigar las protestas de 2013 contra el Gobierno del entonces primer ministro y hoy presidente, Recep Tayyip Erdogan, mientras que ha apartado del caso a otros siete que están en el extranjero.

El fiscal había pedido cadena perpetua para tres acusados por «intento de derrocar el Gobierno» y penas de entre 15 y 20 años de cárcel para los demás por colaboración con el mismo delito.

Como consecuencia, el juez ha ordenado la puesta en libertad de Kavala, el único acusado que permanecía en prisión preventiva, detenido en 2017.

Kavala estaba acusado de ser el «instigador y líder» de las masivas protestas populares de 2013 en el parque Gezi de Estambul, que se iniciaron por una manifestación ecologista pero rápidamente se convirtieron en una denuncia del creciente autoritarismo del Gobierno islamista turco.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó en diciembre su liberación inmediata por falta de pruebas. Sin embargo, la Justicia turca rechazó dejarlo en libertad por entender que existía riesgo de fuga.

En su argumentación, el juez ha confirmado que no hay pruebas suficientes contra los procesados, entre los que hay periodistas, actores, actrices, arquitectas y cineastas.

Exiliados

Siete de los acusados se encuentran en el extranjero, con órdenes de busca y captura emitidas por Turquía. Entre ellos se cuenta el periodista turco Can Dündar, que vive exiliado en Alemania.

El juez decidió separar las acusaciones contra estos siete, cerrando el actual caso y abriendo un nuevo proceso solo contra ellos.

El exfiscal Ilhan Cihaner ha indicado que, de momento, se ha levantado la orden de arresto que pesaba sobre ellos, aunque siguen estando acusados y deben presentarse ante el juez a declarar.

Fuentes de la defensa han asegurado que se prevé su absolución en el futuro, ya que la inexistencia de pruebas puede aplicarse también a estos acusados.

La Fiscalía tiene ahora siete días para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremos, un plazo tras el que la decisión judicial será firme.

Los testimonios presentados durante el juicio corroboran que los acusados participaban en las protestas, como otras decenas de miles de personas, pero no que tuviesen un papel dirigente.

Los abogados habían denunciado durante el juicio numerosas irregularidades y habían destacado que la acusación carecía totalmente de pruebas y que incluso se utilizaba el testimonio de un testigo que se declaró mentalmente inestable.

En protesta por el juicio, 1.367 ciudadanos turcos, entre ellos diputados, escritores y artistas, han firmado un manifiesto titulado «Yo también estuve en Gezi».

Una numerosa delegación de observadores, tanto turcos como internacionales, ha estado presente en los juzgados de la prisión de Silivri, en la periferia occidental de Estambul, donde se ha celebrado el proceso.

Orden de detención de 900 personas

Las persecuciones contra disidentes, opositores y críticos con el Gobierno turco aumentaron tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Miles de funcionarios fueron purgados en la Administración, la judicatura y el Ejército, y miles de personas han sido detenidas desde entonces, apagando el movimiento de oposición a Erdogan que tuvo su auge en las protestas de 2013.

Precisamente, las autoridades de Turquía han emitido este martes órdenes de arresto contra cerca de 900 personas por sus presuntos lazos con Fetulá Gulen, en una de las mayores operaciones contra seguidores del clérigo islamista desde el intento de golpe, del que Erdogan responsabilizó a Gulen.

 

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