De los diecisiete vertederos existentes en la CAV únicamente cuatro son públicos. La catástrofe de Zaldibar tiene que ver en gran parte, a tenor de las propias explicaciones del Gobierno de Lakua, con la titularidad privada de la instalación, que hizo que por ejemplo no hubiera una responsabilidad pública directa en garantizar la estabilidad de la ladera.

Un día después de la comparecencia de Iñigo Urkullu y sus consejeros en el Parlamento insistiendo en que la responsabilidad es de la empresa, y tras difundir GARA este miércoles que una orden de Josu Jon Imaz de 2000 relajó la «tutela» pública sobre industrias de riesgo para la salud, dos de los consejeros que gestionan esta crisis han valorado la conveniencia de reforzar la gestión pública de esta actividad.

En un programa especial de la Cadena Ser sobre la catástrofe, Arriola ha incidido en que «la seguridad y la estabilidad del vertedero es responsabilidad exclusiva de la empresa», pero matizando que «habrá que reflexionar» sobre la conveniencia de que los vertederos pasen a ser gestionados por administraciones públicas.

Erkoreka ha sido preguntado en la misma emisora por esta opción, y se ha mostrado cauto pero sin descartarla. «Es muy prematuro lanzar las bases de un planteamiento futuro. El modelo mixto público-privado es un modelo europeo y está pensado para que las administraciones públicas ejerzan el control. No tiene por qué ser un factor negativo que la administración sea privada, si todo funciona bien».

Entre las garantías, ha citado que las ingenierías que garantizan la estabilidad de estas instalaciones «están habilitadas y capacitadas, con sus oportunas certificaciones». En concreto, Verter Recycling aportó un estudio de la ingeniería Geyser, si bien Arriola matizó en el Parlamento que avalaba estrictamente la seguridad sino que «no tenía conclusiones».

Al final de su comparecencia en el Parlamento el martes, Iñigo Urkullu admitió que en parte estos controles públicos no han funcionado y abrió la puerta a reevaluarlos. De hecho, Arriola dijo que la empresa Verter Recycling les garantizó la estabilidad de la ladera el 21 de enero (con el citado informe de la ingeniería), y lo trágicamente cierto es que apenas 16 días después se derrumbó sepultando a dos trabajadores.

Como dato añadido de las carencias del actual sistema y la inquietud que provoca, Josu Erkoreka ha revelado en la Cadena Ser que habitualmente estas instalaciones presentan sus informes anuales de seguridad en el mes de marzo, pero tras lo de Zaldibar se les ha instado a «acelerarlos».

Al insistirle en si no es conveniente una gestión pública, Erkoreka ha concluido diciendo que «si tiene que hacerse, se hará, pero hablar de ello ahora es muy precipitado».