Las viviendas vendidas a este fondo sueco se encuentran en varios bloques de Salburua y Zabalgana (Gasteiz). Se trata de promociones finalizadas en 2008, construidas con ayudas públicas bajo el compromiso de dedicarlas a alquiler protegido.
 
El colectivo «Inor ez kalegorrian–Derecho a techo» confirma que en esta operación «el Gobierno Vasco ha tenido un papel determinante. No solo ha autorizado la venta sino que ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto previsto en el Art. 65 de la Ley de Vivienda Vasca, perdiendo una gran oportunidad de aumentar el parque público de vivienda en propiedad».  No se queda ahí la denuncia social, sino que que «la Caja Vital (posteriormente Kutxabank) y el grupo empresarial Adania crearon en 2001 Vitalquiler con el objetivo de promover un parque de viviendas protegidas en alquiler en Gasteiz, a día de hoy los dos partidos que sustentan el Gobierno Vasco forman parte del consejo de administración de Kutxabank, uno de los responsables de esta venta».

Según sus datos, Vitalquiler «hasta ahora» era propietaria de 868 viviendas en Gasteiz dedicadas al alquiler protegido, de modo que estos 500 pisos vendidos representan el 57% del total, «lo que demuestra que no solo se trata de una operación inmobiliaria, sino de la decisión política de dejar en manos privadas la gestión del alquiler social».

Lamentan esta situación porque «detrás de esa transacción inmobiliaria, viven personas, personas que, dado el carácter social de los alquileres, en muchos casos pertenecen a sectores vulnerables» y advierten que «no están en la mejor situación para afrontar los posibles cambios en las condiciones que puede acarrear este negocio, que está jugando con las necesidades básicas de la población».

Resaltan que «en un principio, existe el compromiso de mantener las condiciones hasta 2033, pero vista la forma de actuar de algunos fondos de inversión no sería de extrañar que éstas cambiaran».- Ponen por ejemplo lo ocurrido con Lazora en San Sebastián de los Reyes; el de Blackstone en Barcelona; o el más reciente y cercano de este mismo fondo en Benta Berri en Donostia, «que ha comenzado a tramitar órdenes de desahucio poco después de adquirir cientos de pisos en la zona».

En consecuencia, denuncian que «no podemos permitir que un recurso básico como es la vivienda dependa del ansia de negocio de especuladores . La vivienda es un derecho básico y no se puede abandonar como se está haciendo desde diferentes instituciones».
 
Desde la iniciativa por el derecho a vivienda y contra la exclusión social «Inor ez kalegorrian–Derecho a techo» añaden, por último, que «denunciamos la dejación del Gobierno Vasco del derecho a la vivienda, el abandono de parte de la población más vulnerable, y la responsabilidad de los partidos del Gobierno (PNV y PSE) en esta operación, entrando de lleno en el juego de un fondo de inversión que no es sino el ejemplo claro de este sistema donde el capital está claramente por encima de la población».