Tres continentes, tres situaciones diferentes, pero una misma realidad: la preocupación por la situación que los presos políticos viven actualmente en las cárceles. Si habitualmente las condiciones de vida de los presos ya son duras, la crisis del coranavirus las ha empeorado notablemente.

Este es el mensaje que han lanzado Urtzi Errazkin y Miren Illarreta en representación de Etxerat, junto al palestino Basil Farraj (Addameer) y la colombiana Gloria Amparo Silva Tovar (Equipo Jurídico de Pueblos) en el seminario online que han celebrado en la plataforma Zoom organizado por Paz Con Dignidad y moderado por Eneko Calle.

Desde Euskal Herria, desde Jerusalén o desde Colombia han dado cuenta de una misma realidad: la reacción de las autoridades de eliminar las visitas de los familiares a los presos les ha dejado en una situación mucho más vulnerable que la habitual, que no es buena.

Errazkin ha explicado que pese a que se anunció que ante la suspensión de las visitas se realizarían videollamadas, no se está cumpliendo. Se han llevado tres teléfonos móviles a cada cárcel, en la que se encuentran unos 800 presos de media. «Es imposible», ha destacado. Junto a ello, ha señalado que no se ha notificado a los presos que tienen esta posibilidad, sino que han sido los familiares quienes lo han comunicado. Solo se ha dado en casos muy excepcionales.

El hacinamiento habitual en las cárceles españolas se ha incrementado. Pese a las recomendaciones de los organismos internacionales de vaciar las cárceles, lo que las autoridades españolas han hecho ha sido reservas algunas dependencias para albergar a posibles enfermos, lo que ha generado que en el resto haya más concentración de personas, imposibilitando mantener las distancias de seguridad o las medidas de higiene que se reclaman en el exterior de las prisiones.

La utopía de la llamada

Illarreta se ha centrado en el Estado francés, donde sí que se han registrado excarcelaciones, pero se ha excluido de esta medida a los presos políticos, a pesar de que entre ellos se encuentran mayores de 65 años o personas que llevan encarceladas más de 30 años. En esta línea, se han retrasado vistas para analizar la situación de estos presos, como la que estaba prevista el 9 de abril, lo que supone un castigo añadido.

Los presos palestinos también están sin visitas de familiares ni de abogados, según ha explicado Farraj. Las autoridades israelíes, como las españolas, dijeron que se incrementarían las llamadas telefónicas, pero esto no se ha producido, según ha denunciado este hijo y hermano de presos. «No hay visitas ni comunicación», ha constatado.

Las medidas de las autoridades israelíes impiden a los presos palestinos protegerse del coronavirus y han aumentado las restricciones de alimentación. Los carceleros entran en las celdas sin guantes protectores ni mascarillas.

La situación de excepcionalidad no ha supuesto que las cárceles sionistas se vacíen, sino todo lo contrario. Desde el 24 de marzo, hay 357 palestinos detenidos, de los que 48 son niños, y el Ejército israelí siguen entrando a los pueblos.

En Colombia, las cárceles están superpobladas, lo que habitualmente es un obstáculo para mantener unas condiciones sanitarias mínimas. No hay un mínimo espacio vital, existen deficiencias en el suministro de agua potable, la alimentación es pésima como consecuencia quizás de que fue privatizada y la higiene es escasa.

En el país sudamericano no se entrega material sanitario a los presos, pero también prohibieron las visitas. Como en las cárceles españolas, francesas o sionistas no se han puesto medios para garantizar las comunicaciones con los familiares. En una vuelta de tuerca, la obsesión de los carceleros colombianos es perseguir los teléfonos que puedan tener los presos.