CGT ha rechazado este viernes la propuesta de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) presentada por la multinacional Michelin y que hoy ha detallado a los sindicatos.

Este ERTE se aplicaría un máximo de 70 días naturales desde el 18 de mayo al 15 de setiembre, combinado con una reducción del stockaje a mínimos históricos: un complemento de hasta tan solo el 75% del salario bruto y el descuento de la parte proporcional de vacaciones y pagas extra.

CGT ha rechazado este planteamiento criticando que «la única preocupación de la empresa todo momento ha sido, precisamente, blindar su margen de dividendos, buscando el modo de absorber la ‘caída de la demanda’ y seguir abasteciendo a sus clientes al ‘mínimo coste’ (a costa de nuestra salud, de nuestra conciliación y de las arcas públicas).

A juicio del sindicato, el resto del planteamiento de la empresa «es un cara a la galería disfrazado de ‘responsabilidad social’».

Cierre, vuelta al tabajo y ERTE

CGT ha denunciado que ese objetivo de la empresa queda patente con los diferentes pasos que ha ido dando: «En menos de 2 meses, Michelin nos ha mandado a casa una semana para ‘garantizar nuestra seguridad’ a cuenta de deuda colectiva; nos ha aplicado un ERTE de fuerza mayor por ‘falta de suministro’; nos ha hecho arrancar precipitadamente, sin esperar al fin de la prórroga de estado de alarma y sin las medidas preventivas adecuadas, para “reactivar la economía’ y ‘abastecer a sectores esenciales’; nos ha anunciado 84 jornadas más de deuda colectiva por ‘bajada de pedidos’ y nos va a meter un nuevo ERTE, esta vez por ‘causas productivas’»

Ante este ERTE, CGT ha formulado una propuesta alternativa, «frente a la pretensión de la empresa de ajustar al mínimo los stockajes y fabricar sólo lo vendido».

Esta propuesta se basa en «aprovechar su máxima capacidad de almacenaje, establecer calendarios provisionales en junio, julio y septiembre y concentrar las vacaciones en agosto».

El sindicato subraya que esta alternativa «va encaminada a proteger a corto plazo el empleo, la economía familiar y las arcas del Estado, por encima de intereses empresariales que no buscan sino socializar las pérdidas y privatizar los beneficios», y con la vista puesta en una hipotética reactivación de la demanda a partir de octubre.