La agencia europea encargada de supervisar los grandes proyectos tecnológicos de Defensa e Inteligencia, denominada eu-LISA, ha adjudicado esta semana a un consorcio de dos empresas francesas la creación de un sistema comunitario de cotejo biométrico (sBMS, por sus siglas en inglés).

Este proyecto tecnológico será «uno de los sistemas biométricos más grandes del mundo» e integrará en su base de datos huellas dactilares e imágenes faciales de «más de 400 millones de personas» de países ajenos a la Unión Europea.

El desarrollo correrá a cargo de Idemia y Sopra Steria, dos compañías tecnológicas con sede en París que ya han colaborado en otros proyectos anteriores de las instituciones comunitarias.

«Contra la inmigración irregular»

«Basado en la tecnología biométrica europea, atenderá a las necesidades de identificación del nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida, siendo así la piedra angular de la protección de las fronteras europeas», afirmaron el miércoles ambas empresas en un comunicado conjunto.

Afirmaron que el sistema servirá para «luchar contra la inmigración irregular» y combatir las bandas organizadas transnacionales al «aunar» las informaciones biométricas ya operativas a nivel estatal.

Todo ello con el objetivo de «asegurar la protección de las fronteras externas a largo plazo».

«Violaciones a la privacidad»

El desarrollo de las tecnologías de control biométrico, así como los nuevos avances en inteligencia artificial (IA) y robótica, están en el punto de mira de activistas y asociaciones de derechos digitales.

Algunas de las amenazas que las organizaciones civiles resaltan son el posible uso de estas tecnologías en programas estatales de vigilancia masiva, «violaciones a la privacidad» y a los derechos fundamentales de los ciudadanos o las consecuencias penales derivadas de reconocimientos erróneos.

«La precisión de la tecnología ha aumentado considerablemente, pero ésta sigue presentando siempre un cierto grado de error que puede repercutir negativamente en los derechos fundamentales», afirma en un informe de 2019 la Agencia de la Unión Europea por los Derechos Fundamentales.

Por ello, todo uso de la tecnología biométrica «debe evaluarse minuciosamente» para concretar sus repercusiones de forma precisa, sobre todo atendiendo a los colectivos vulnerables y asegurando derechos básicos como la «libertad de expresión, asociación y reunión».

Para la federación europea de asociaciones pro-derechos digitales, European Digital Rights (EDRi), la Comisión debe tomar un papel activo con el fin de «parar de forma permanente» cualquier tipo de intrusión en la privacidad individual a través de estas técnicas.

«Al menos 15 países europeos han experimentado con tecnologías biométricas como el reconocimiento facial en espacios públicos, desplegando estos sistemas de manera que a menudo carecen de transparencia, con una preocupante ausencia de aviso a la ciudadanía y debate social», concluyen en un informe publicado el pasado mayo.