El Gobierno navarro acepta los criterios estatales, reformulados esta misma semana por la ministra Isabel Celaá, para el retorno a las aulas en setiembre, pero no así el Ejecutivo de la CAV. Según ha confirmado la consejera Cristina Uriarte tras la cita telemática de este jueves, seguirán con su proyecto, que no ha sido definido hasta la fecha porque incluye varios escenarios en función de la evolución de la pandemia.

Celaá ha confirmado también desde Madrid que la CAV ha sido una de las autonomías que no ha aceptado sus planes. La otra es la Comunidad de Madrid gobernada por PP y Cs con el apoyo de Vox.

En principio, la desvinculación de Lakua de los planes estatales supondría que se intentará adelantar algo el inicio del curso: la CAV lo fija el 7 de setiembre y Madrid parece barajar una fecha algo posterior. También serían diferentes detalles como el número de alumnos por aula, que el Estado ahora eleva a 20 como posibilidad mientras Lakua lo sigue referenciando en 15, aunque siempre en función del tamaño del habitáculo y las distancias de seguridad.

El Gobierno español ha relajado esta semana notablemente sus anteriores previsiones en materia de distancia en las aulas, indicando que no se controlará en caso de alumnos menores de 10 años al considerarlo inviable y tampoco tendrán que llevar mascarillas. En el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, está por ver en qué queda esto.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado un acuerdo con 14 puntos con Nafarroa y el resto de comunidades, incluida Catalunya esta vez. Se contempla una vuelta generalizada a las aulas y las autonomías sumen la elaboración de protocolos de actuación para garantizar la higiene, limpieza y el control sanitario en los centros. Un trabajo que realizarán junto a los servicios de prevención de riesgos laborales, y que incluirá medidas específicas para la atención de las personas incluidas en el grupo de riesgo.

Las comunidades también se encargarán de preparar los planes de contingencia ante las «eventualidades» que pueda provocar la evolución de la pandemia en el desarrollo del curso escolar, y tendrán que tomar «las medidas necesarias» para que los centros mantengan sus servicios de transporte y comedor escolar «en condiciones de seguridad».

También recae en las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias educativas, reducir la brecha digital y «limitar» sus consecuencias entre el alumnado, aunque el Ministerio colaborará en mejorar la «oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital» de profesores, familias y alumnos.

Trasfondo competencial

En declaraciones al portal oficial Irekia, Uriarte no ha detallado las discrepancias con Madrid pero sí ha marcado que la CAV quiere decidir con sus propios planes. En la línea de lo manifestado esta mañana por el portavoz del PNV en Senado, Jokin Bildarratz: «La ministra podrá comunicar, no podrá comunicar, pero ella sabe y todos sabemos que el verdadero competente a la hora de establecer el calendario el curso escolar, las maneras, los modos son cada una de las comunidades autónomas».

Uriarte ya ha discrepado de Celaá en este final de curso, por ejemplo intentando adelantar una semana el retorno a las aulas desde 4º de ESO (lo que Madrid no permitió).

El modo de retorno para concluir este curso han quedado finalmente en manos de cada centro educativo; de cara a setiembre, Uriarte también parece apostar por un esquema descentralizado, según ha apuntado en Irekia.