PCF-Côte Basque afirma entender y respetar que «los ciudadanos se manifiesten pacíficamente por las causas que les parecen justas», tras lo que recuerda que ha apoyado que se adopten decisiones humanitarias en relación a los presos enfermos o por el acercamiento de los prisioneros a sus familias.

Sin embargo, expresa la sección de la costa labortana del PCF, «nos preocupa y suscita incomprensión la actitud adoptada por esa decena de alcaldes que participaron directamente en el amurallamiento de la Subprefectura con el silencio cómplice del Estado y del Gobierno».

«¡Levantan un muro a la República! ¡Rechazan a la República que paga sus retribuciones! Y corroboran, de hecho, su proyecto político que no es otro que hacer de nuestro País Vasco francés un territorio separado, dotado de un estatus diferenciado e independiente!», expresa en tono exclamativo el PCF.

A partir de ahí censura que «esos mismos electos no han jugado a albañiles a la hora de oponerse a la ley NOTRe, a la bajada de las dotaciones a las colectividades territoriales sin olvidar los regalos fiscales a los accionistas», afirma el PCF respecto a alcaldes que, en la mayoría de los casos, fueron elegidos el 28 de junio, y que por tanto no estaban en el cargo cuando se votaron esas políticas en París.

Pese a ello, el PCF prosigue: «Esos defensores de políticas liberales deciden cuándo ser generosos y solidarios» para apuntar ya, de forma más clara, hacia el objetivo de su crítica política, el presidente de la Mancomunidad Vasca y alcalde de Baiona, Jean-René Echegaray, al que reprocha que, por una parte participe en la construcción de un muro con objeto de liberar a los presos cuando, por otra parte, adopta una ordenanza «para expulsar a personas en situación de vulnerabilidad para maquillar la precariedad existente en el centro de la ciudad».

Así el comunicado mezcla el acto del sábado, que reunió a más de un millar de personas, con la polémica decisión de Echegaray de impedir que personas sin hogar puedan estar de forma prolongada y en grupos en las calles «causando molestias y temor a los vecinos», una decisión que ha recibido el rechazo de asociaciones que trabajan en favor de la inclusión social y también de formaciones de izquierda, de los socialistas a la France Insoumise, pasando por EH Bai que, de hecho, secunda la movilización convocada para el jueves ante el Ayuntamiento de Baiona por un grupo de ciudadanos a fin de rechazar esa ordenanza anti-SDF (Personas sin Domicilio Fijo, en francés).

«La ciudadanía y los habitantes de este territorio no tienen nada que ganar con el nacionalismo vasco que da un lugar de honor a los partidarios del liberalismo», concluye el comunicado del PCF.