La consejera Tapia ha comparecido en una comisión en el Parlamento de Gasteiz para dar a conocer las principales líneas de actuación de su departamento para los próximos cuatro años, que tiene entre sus principales objetivos «intentar mantener la actividad económica, incluso en tiempos difíciles», como el actual, marcado por la pandemia.

Ha hecho un repaso de las distintas áreas y compromisos de acción de su departamento y en materia de vertidos industriales ha adelantado dos nuevas iniciativas para esta legislatura encaminadas a plantear una «situación realista y eficaz» desde una perspectiva «general y amplia».

Para ello, se quiere abrir un nuevo Centro Público de Gestión de Residuos Industriales y se ha iniciado una reflexión para aplicar una «nueva tasa de residuos industriales» de cara a contar con «la responsabilidad y la implicación de quien genera el residuo».

«Queremos analizar una perspectiva general y amplia de los vertederos de residuos industriales para empezar a elaborar una solución realista y eficaz», ha explicado antes de avanzar que analizarán la puesta en marcha de una nueva tasa de vertidos industriales porque «es importante contar con la responsabilidad y la implicación de quien genera el residuo tanto ahora como en el futuro».

Fuentes del departamento han explicado que la CAV no cuenta por el momento con un canon que grave específicamente este tipo de desechos, ya que solo se aplican tasas de residuos urbanos y que el centro anunciado se encuentra en fase «muy preliminar».

En materia de energía, ha insistido en la apuesta por que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final y ha asegurado que «la eólica se presenta como la más eficiente», por lo que se ha comprometido a que antes de finalizar la legislatura se cuente con nuevos molinos en la CAV.

La consejera ha confiado en que tanto el objetivo de que las renovables sean el 20% del consumo final como el de reducir en un 30% la emisión de gases efecto invernadero se cumplan dentro de un nuevo contexto normativo con la redacción de una nueva ley de Transición Energética y Cambio Climático, que será «justa con el entorno ambiental y social con el desarrollo económico».