La semana pasada se desató la tormenta al saberse que el que fuera mandamás del PNV en Álava, condenado por un delito de corrupción a cerca de 13 años de prisión, el ínclito Alfredo De Miguel, trabajaba en una fundación dependiente del Gobierno Vasco, y no solo eso, sino que había representado a dicha institución en diversos actos públicos. Inmediatamente, la responsable del Departamento de Desarrollo Económico del que depende la Fundación Hazi, Arantza Tapia, salió al paso de la noticia afirmando que De Miguel no era más que un técnico, que carece de la representación del Gobierno Vasco, con la mala fortuna de que hay una intervención suya que puede verse en Youtube en la que actúa como portavoz de Itsas Garapen Elkartea. Añadía Tapia que no se había podido despedir a De Miguel y a Otxandiano, también condenado y que trabaja en otra entidad pública, dependiente de Lakua, porque la sentencia no era firme, al estar pendiente de la decisión del TS.

Bien, pues ahora la sentencia de Madrid ya ha llegado y se confirman las condenas de ambos, pero no se les ha despedido, sino que se han quedado en casa porque dicen que no tiene sentido que vayan al trabajo porque no se les pueden encomendar nuevos cometidos, y que están acabando tareas pendientes, pero sin acudir a la empresa. Traducido: para que no salgan en la foto.

Si siguen trabajando, aunque sea desde casa, quiere decir o que no se les ha despedido o que se ha procedido a despidos en diferido, feliz expresión que en su momento acuñó Cospedal en el caso Bárcenas.

Ante todo este desmadre lo único que hacen los jeltzales es decir que ya entregaron el carne del partido hace años, que a cualquiera le puede pasar una cosa así y que piden perdón otra vez, pero que en la sentencia no se establece ninguna responsabilidad para el PNV. Suena mucho a aquella frase que recitó el emérito cuando le pilló el carrito del helado en Botsuana: lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Acabaran los responsables políticos del asunto en Abu Dabi?