El Ejecutivo español acaba de anunciar la reapertura de su embajada en Trípoli. Se cerró hace una década, tras los disturbios de la Primavera Árabe que acabaron con el gobierno y la vida de Gadafi y convirtieron a Libia en un campo de batalla entre facciones. Con el gobierno unificado que se acaba de formar y la promesa de elecciones, Sánchez aseguró que, en ese país, se abre «un periodo de esperanza y oportunidades». ¿Para quién? Será, como él mismo afirmó, para el negocio de unos pocos, para Repsol o Navantia, no para los migrantes que Europa retiene en Libia. A las pocas horas, Open Arms daba a conocer unas imágenes atroces sobre las torturas infringidas a unos refugiados todavía adolescentes. El video corrobora la certeza de que Libia, pagada por la UE para hacer el trabajo sucio, es un infierno de explotación, esclavitud y venta de seres humanos.

Al mismo tiempo, el Parlamento de Dinamarca, con la socialdemocracia a la cabeza, aprobaba una ley que le permitirá «transferir», más bien expulsar, a los solicitantes de asilo, incluso a los que ya lo consiguieron, a campamentos de Ruanda, Eritrea o Etiopía, donde no tardará en llegar el horror de las mafias. El objetivo, lograr «0» inmigración en Dinamarca. Las tres noticias, enlazadas, se me presentan como un trágico discurso que renace en el lugar más recóndito del individualismo, el fascismo.