Anjel Ordóñez
Anjel Ordóñez
Periodista

Que se vayan

Cuando las vacunas ya nos permiten atisbar la luz al final del túnel, habrá que estar muy atentos a las intenciones que ya asoman en ciertas esferas para prolongar y conservar limitaciones

Ya cansa. Uno de los mantras más repetidos de 2020 ha sido ese inquietante «ha venido para quedarse», una frase a menudo perversa y convenientemente ajustada a los intereses, ocultos o no, de quien la expresa. Y se pronuncia –en muchos casos, insisto– con un falso tono de resignación que, sin embargo, esconde espurias intenciones y propósitos bastardos. Pues que quede bien claro: todo lo que ha venido impuesto por una situación excepcional, aplicado a la fuerza por la amenaza de muerte que conlleva la pandemia, exigido por mor de preservar la salud y aun la vida, que se vaya por donde ha venido cuando termine por fin esta pesadilla.

Que nadie se confunda. Entiendo y respaldo, a pesar de los pesares, con esfuerzo y paciencia, las restricciones impuestas por las autoridades, ya sean sanitarias o incluso de otra índole. Pero, cuando las vacunas ya nos permiten atisbar la luz al final del túnel, habrá que estar muy atentos a las intenciones que ya asoman en ciertas esferas para prolongar y conservar limitaciones más allá del periodo de lucha contra el virus; de consolidar recortes en las libertades de los ámbitos público y privado en aras de indeterminados objetivos profilácticos; de constreñir los derechos colectivos y personales al amparo de una suerte de velado estado de excepción basado en apócrifas amenazas futuras.

Digo todo esto en el más amplio de los sentidos, porque hay no pocos frentes abiertos, algunos de hondo calado social. Pero hoy quiero incidir en el debate abierto sobre la obligatoriedad de la vacunación. Estaré puntual en la consulta el día que me toque pincharme, pero la ley es clara al respecto: la participación en las campañas de vacunación es voluntaria. Ni legal, ni éticamente puede obligarse a nadie a recibir la vacuna. Sin embargo, las campañas de desmesurada presión que ya se están ejerciendo sobre aquellas personas que, individual o colectivamente, optan por no vacunarse, son prueba de lo que arriba apuntaba. Y la imposición de certificados de inmunidad abre la puerta a la discriminación –por ejemplo, en el ámbito laboral– hacia quienes sólo ejercen un derecho legal. Negarles la atención sanitaria gratuita será el siguiente paso. Atentos.

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