Los diputados de Junts tumbaron ayer los dos decretos del Gobierno sobre vivienda, asestando un tremendo golpe a los millones de personas que viven cautivas de un alquiler que no pueden pagar o de unas condiciones draconianas para tener a una casa. Si nos pasásemos horas criticando la decisión de Junts, o el papel que está teniendo esta legislatura, yo no sería capaz de replicar a una coma. Puigdemont y los suyos son responsables de todos sus votos antisociales. Siempre del lado de la patronal, de los rentistas y de los fondos que especulan con bienes básicos. Pero la decisión de Junts, para entenderla, debe leerse en un contexto más amplio, que no les resta culpas pero sí reparte otras nuevas. Que la legislatura está más que agotada es un hecho indiscutible. Que el PSOE ha perdido la capacidad de negociar con las fuerzas que conforman la mayoría en el Congreso es una evidencia palpable. Y que, en estas circunstancias, las instituciones del Estado no pueden estar a la altura de lo que reclama y necesita la ciudadanía es una triste realidad que comprobamos ahora. Hace meses que este Gobierno atraviesa la fase mortal de los estertores. Resulta hasta tierno que siga intentando actuar y legislar como si estuviéramos en 2023. Pero las cosas han cambiado y ha quemado tantos cartuchos que es incapaz de intervenir con diligencia en ninguna de las crisis que le surgen. No lo supo hacer en Ceuta. Tiene las manos atadas ante una inflación que se dispara. Y no es capaz de sacar adelante decretos básicos en vivienda con acampadas de su base social en las plazas. De Junts nada cabe esperar, menos si es para ayudar a las clases populares. Que la justificada furia de la gente caiga contra ellos. Pero, al día siguiente, seguiremos teniendo el mismo problema: que la mayoría articulable en el Congreso es inoperante y la izquierda ya no parece capaz de resolver los retos que tiene delante. El más importante de todos, sumar más escaños que el bloque de la derecha cuando haya urnas. ¿Qué más necesitan para tomárselo en serio?
