La reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que prepara el Gobierno español contempla un plazo de medio siglo para acceder a las materias reservadas que comprometen la seguridad nacional. No obstante, dicho plazo podría prorrogarse durante una década más, si así se decide. En la ley actual, la clasificación de secreto tiene carácter indefinido, aplazándose sine die su desclasificación. Con la nueva propuesta, el Estado español seguiría estando entre los países más restrictivos.

Este proyecto se inscribe de lleno en el discurso de los avatares de la memoria establecido por el historiador Francisco Espinosa Maestre: «la negación de la memoria» (1936-1977), «la política del olvido» (1977-1981), «la suspensión de la memoria» (1982-1996) y «el resurgir de la memoria» (entre 1996 y 2002), con el revisionismo político y académico. Para Ramón Sáez Valcárcel, magistrado del Tribunal Constitucional, uno de los pilares del modelo español de impunidad es la ausencia de políticas de Memoria Democrática y la «ideología jurídica del olvido».

El blindaje de los archivos del proyecto de ley es un tipo de «sepelio», como detalla Achille Mbembe en "El poder del archivo y sus límites" (2002), donde reflexiona sobre el estatus de la prueba del archivo y la «cronofagia». Negar el archivo equivaldría a negar la deuda.