Según los datos del Defensor del Pueblo español entre 2010 y 2020, han sido condenados por un delito de torturas recogido en el artículo 174 del Código Penal, un total de 52 policías y guardias civiles. Ahora bien, dentro de este mismo periodo, entre 2010 y 2013, fueron exonerados de manera parcial de las penas impuestas nada menos que 43 por delitos de torturas, contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal o coacciones.

La enorme relevancia de estos datos la entendemos si nos damos cuenta de que las cifras negras de personas torturadas son muchísimo más altas e incalculables, dado que las policías tienen dilatada experiencia y sofisticadas técnicas para ocultarla. También porque se mantiene el miedo a denunciar las agresiones sufridas ante la posibilidad de ser objeto de contradenuncias (por atentado, resistencia, etcétera) o de sanciones administrativas, ahora consagradas en la nueva ley de seguridad en trámite, que será un instrumento útil para brindar a los torturadores. Además, la más que compresible desconfianza en los Tribunales de Justicia de cara a que prosperen las denuncias, así como la sistemática criminalización de quienes denuncian la violencia policial, posibilitan que se pueda dar en condiciones de impunidad.

Existen otros factores que sustentan la invisibilidad y la impunidad y, sobre todo, que legitiman y hacen necesaria para el Estado su reproducción. Sin duda sigue operando como un mecanismo de control político hacia determinadas formas de disidencia y movilización, actuando como un dispositivo de terror permanente y generalizado hacia quienes protestan. Pero, quizás, lo que más contribuye a facilitar su persistencia es el discurso mediático construido para fabricar una opinión pública que la justifica, debido a la supuesta necesidad de garantizar el bien común de nosotros «los buenos ciudadanos», frente a «los malos», al enemigo construido: «migrantes ilegales», «disidentes políticos», «manifestantes díscolos», «presos peligrosos», «okupas», etcétera.