Se está haciendo un llamamiento a la movilización colectiva para reivindicar la atención sanitaria en las cárceles, con diversas acciones y una acampada frente al Congreso del 20 al 30 de mayo. Esta iniciativa, y cuantas se llevan a cabo, resulta de trascendental importancia, dado que las cárceles gestionadas directamente por el Estado, o por sus comunidades autónomas como la vasca, albergan a una población que mayoritariamente padece enfermedades físicas y/o mentales que requieren un tratamiento médico especializado o una hospitalización.Muchas de estas enfermedades son previas al ingreso en prisión, pero otras se contraen en la misma. No nos engañemos: el encierro carcelario agrava, cuando no produce, toda suerte de patologías que afectan a las personas presas. Las deficientes condiciones materiales en muchas prisiones, los efectos nocivos del encierro en la salud, la falta de recursos sanitarios en atención primaria, drogodependencias o salud mental, los retrasos en la atención médica general y especializada debido a la falta de medios y personal sanitario en las prisiones o el recurso a la medicalización, entre otros, son factores que convierten a las cárceles en auténticos depósitos de personas enfermas que acaban muriendo. La privación de libertad comporta, en la práctica, la privación del derecho a la salud, a pesar de que debería estar garantizado. De igual modo ocurre con el derecho a la vida. Cada semana mueren, de media, tres personas y, a pesar de que la administración diga que son «muertes naturales», son muertes que se podrían haber evitado si la atención sanitaria hubiera sido la adecuada según la ley. Enfermedades mentales con resultado de suicidios inducidos, enfermedades cardiovasculares, adulteración de sustancias, reyertas o ajustes de cuentas con resultado de muerte debido a los conflictos que genera el hacinamiento y, a menudo, en circunstancias no esclarecidas, son algunos de los motivos que provocan la muerte de personas jóvenes en prisión por causas no naturales.
