A raíz de la permanencia en la prisión alavesa de Zaballa de una persona tetrapléjica asistida por sus compañeros encarcelados, que no puede salir en libertad por no hacerse ninguna institución pública cargo de ella, ha vuelto a salir a la luz el estado de abandono en el que se encuentran las personas presas, así como la falta de una política de ejecución penal respetuosa con los derechos que garantice el desarrollo de medidas imprescindibles para evitar, tanto los efectos desocializadores del encarcelamiento, como que la salida de prisión se convierta en otra condena.
Dentro de la cárcel, y al salir, las personas recluidas se ven afectadas por situaciones de marginación que se enquistan en la medida que la intervención de la administración, lejos de al menos paliarlas, contribuye a reproducirlas. Salir de prisión con graves problemas de salud física y mental, con falta de apoyo familiar y sin redes sociales de acogida, sin la formación necesaria que permita la incorporación sociolaboral, son cuestiones que abonan las condiciones para volver a prisión. O para, tras pasar por ese cementerio de personas vivas que es la cárcel, sufrir además de la exclusión, el etiquetaje que comporta haber pasado por la misma.
El primer reto con el que se encuentra quien ha cumplido su condena es luchar contra la prisionización, entendida ésta como los efectos iatrogénicos que provoca la estancia en prisión. Siendo estos más intensos en función de muy diversos factores como por ejemplo el tiempo de estancia, el régimen de vida al que se haya estado sometido, la edad, estado de salud, la existencia de apoyos personales y/o familiares fuera de la prisión, su madurez psíquica o su capacidad económica.
La atención psicosocial, la recomposición de la vida personal y familiar, la incorporación laboral o la asistencia sociosanitaria, son necesidades de primer orden para las que, o no existen recursos institucionales que las atiendan, o bien las prestan asociaciones y particulares. Hemos de tener claro que el encierro carcelario es una medida que impone la administración y que, actualmente, la gestión de las cárceles es competencia del Gobierno Vasco, quien ya no puede escaquearse más de su responsabilidad sobre las fatales consecuencias que acarrea en las personas penalizadas y su entorno familiar tanto el encarcelamiento como la salida de prisión. En relación con la asunción de dichas responsabilidades, casi todo está por hacer.